Lun 11.02.2013
rosario

SANTA FE › LEGISLADORES PROVINCIALES ANALIZAN UNA DENUNCIA EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Más críticas a los jueces

El diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, advirtió que los magistrados federales de Rosario retienen más de 100 denuncias provinciales contra kioscos de drogas, y apoyó el escrito de dos fiscales sobre la inacción en el fuero.

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical Maximiliano Pullaro respaldó ayer la posición de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari sobre las trabas que ponen los jueces federales de Rosario para acumular causas cuya conexidad permitiría avanzar hacia sectores más encumbrados en el delito y adelantó que junto a otros legisladores evalúan una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Lo planteamos públicamente cada vez que un reconocido narco logra la libertad tras ser aprehendido", indicó el legislador provincial, quien agregó: "Los cuestionamientos a algunos sectores de la justicia federal llevan mucho tiempo, nosotros lo comenzamos a decir con insistencia en agosto del 2012". El diputado señaló, incluso, que existen en la actualidad "más de cien denuncias de bunkers de venta de drogas realizadas por la provincia ante la justicia federal, en las que los Tribunales no han ordenado ninguna medida".

A raíz de la tapa de ayer de Rosario/12, que refleja un escrito de Murray y Reynares Solari dirigido al juez federal Marcelo Bailaque, Pullaro consideró que "es central avanzar con el cruzamiento de información que pueda surgir de las investigaciones judiciales que existen sobre la narcocriminalidad, y que, en caso de ser necesario, se implementen las acumulaciones de los procesos conexos entre si -﷓tal como lo solicitan los fiscales-- a los fines de profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades de los eslabones superiores de la cadena".

Pullaro recordó sus críticas, hechas públicas el 21 de agosto pasado, a la decisión del juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, de anular el procedimiento policial que había detenido con droga y armas al narco de Firmat Aldo "Totola" Orosco. "En aquellos meses la Provincia de Santa Fe estaba actuando de manera implacable, deteniendo uno a uno a los más importantes traficantes del sur de la provincia que llevaban años de total impunidad, y al mismo tiempo los jueces los liberaban sin profundizar en las investigaciones", indicó Pullaro sobre sus críticas de entonces.

Y recordó que "aquella decisión de Vera Barros de anular el procedimiento que detuvo a Totola Orosco fue apelada por el fiscal Marcelo Degiovani, y la Cámara Federal le dio la razón". Es decir que la Cámara dispuso que el procedimiento policial era correcto, y correspondía encarcelar a Orosco.

Pullaro destacó también que existen "reiteradas denegaciones a las solicitudes de ordenes de allanamiento de la Policía de la Provincia, y que en los pocos casos a los que se les hacía lugar muchas veces llegaban con enormes demoras que las convertía en ineficaces, situación ésta que generaba una enorme desventaja para la reunión de pruebas fundamentales para detener a los delincuentes". En ese sentido, planteó la existencia de 100 denuncias sin resolución judicial. El legislador, que pertenece al Frente Progresista, nada dice sobre las denuncias de connivencia entre la policía provincial y las redes narco.

"Si algunos sectores de la Justicia federal no acompañan la lucha contra el narcotráfico, será muy cuesta arriba revertir la sensación de impunidad que reina en muchos pueblos y ciudades del interior santafesino", dijo Pullaro. Así, el legislador sigue la línea del escrito presentado la semana pasada por los fiscales federales ante Bailaque, en la que consideraban que "el sistema de justicia debe ser una instancia de solución y no parte del problema. Sino seguiremos abonando el pensamiento existente en el hombre común de que la corrupción también ha corroído a la agencia judicial".

El diputado adelantó entonces que, junto a otros legisladores, evalúan "la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, de modo tal que si un juez o un fiscal de la Nación no cumplen adecuadamente con su labor, deban responder por sus faltas ante los órganos constitucionalmente establecidos al efecto".

Finalmente Pullaro hizo una apelación directa a los magistrados federalse de la ciudad: "Les pedimos explicaciones por la ausencia de compromiso con una realidad que nos angustia como sociedad. Necesitamos demostrarle a los santafesinos que todos los poderes del estado estamos dispuestos a enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero".

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