Desde Santa Fe

"Estoy sorprendida y muy preocupada". La fiscal federal Griselda Tessio desgranó ayer la primera opinión del Ministerio Público por el fallo de la Cámara Federal de Rosario que separó al juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez de la investigación del terrorismo de Estado en Santa Fe. Tessio es desde febrero año pasado la titular de la Unidad de Asistencia creada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para investigar y agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del tribunal rosarino, que va desde San Nicolás hasta el centro norte de la provincia. "Es la primera vez que veo que aparten a un juez con los argumentos que ha esgrimido la Cámara, no digo que estén mal o bien, pueden ser cuestiones opinables, pero me sorprenden y preocupan por todas las causas de derechos humanos que están en juego en Santa Fe", afirmó en un diálogo con Rosario/12.

Tessio aceptó opinar sobre una cuestión candente: el revuelo público que detonó esta semana cuando la Cámara Federal de Rosario apartó a Rodríguez de la investigación de la represión ilegal en Santa Fe y dejó la causa sin juez. "¿Quién será el magistrado que hará cargo ahora de este proceso que se inició hace ocho años en España, en el juzgado de Baltasar Garzón y que ya lleva cuatro de trámites en la Argentina y acumuló 16 cuerpos y 3.200 fojas?", es la pregunta que ronda por los corrillos judiciales. El juez federal Nº 2, Francisco Miño se excusó de intervenir por su vínculo con uno de los detenidos: el ex juez federal Víctor Brusa. Y unas horas después se apartó el primer conjuez sorteado en una lista de diez abogados del foro santafesino: el doctor Ricardo Prono, un experto en concursos y quiebras que fue delegado de Carlos Reutemann en el Consejo de la Magistratura, durante la primera gestión, pero ajeno a la materia penal. Ahora, la Cámara deberá sortear un nuevo conjuez entre abogados de una lista cada vez más corta, mientras en los Tribunales Federales ya circula un secreto a voces. "Va a ser muy difícil encontrar a algún conjuez que se haga cargo de una causa tan caliente. Que además, es una changa paraguaya porque no se cobran honorarios", comentó una fuente segura consultada por este diario.

"Yo no soy la fiscal de la causa", aclaró Tessio cuando se le preguntó por el fallo que apartó a Rodríguez. "El fiscal es el doctor (Eduardo) Grioglio. Es una causa muy compleja, con enorme cantidad de cuerpos, con muchas idas y vueltas, vicisitudes y cuestionamientos de defensores. O sea, que no la he recorrido, no la he trabajado, no la conozco. No voy a opinar como si fuera fiscal de esa causa. Pero sí puedo hacerlo como titular de la Unidad de Asistencia que investiga todas las violaciones a los derechos humanos en jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario", dijo Tessio. Ella accedió al cargo en febrero del año pasado por la resolución 11/05 del procurador Righi.

"El fallo de la Cámara nos preocupa a todos", afirmó la fiscal. "Nos preocupa porque es una causa muy trabajada y porque hasta donde yo se, el doctor Rodríguez la tomó con mucho decoro, dignidad y cuidado. El es un juez garantista. Un juez de la Constitución, salido de un concurso, que ha tenido amenazas, presiones, y sin embargo no se ha retirado de la causa. Entonces, sorprende verdaderamente la resolución de la Cámara", agregó.

Tessio evitó incursionar sobre "los aspectos jurídicos intrínsecos del fallo porque no conozco la causa –insistió-, pero es la primera vez que veo el apartamiento de un juez por los argumentos que ha esgrimido esta Cámara. No digo que estén mal o bien, pueden ser cuestiones opinables, pero me sorprenden y me preocupan por todas las causas por violaciones a los derechos humanos que están en juego en estos momentos en Santa Fe", completó.

-A su criterio, ¿qué debería hacerse?

-Hasta donde yo sé, me parece que es una causa que está muy adelantada, que no son demasiadas las cosas que hay que incorporar. Sí, creo que hay que tomar muchos recaudos con la figura de la asociación ilícita, porque ya hay jurisprudencia en otros aspectos, en otras causas de otras envergaduras, no específicamente en derechos humanos. Es una tipicidad delictiva compleja, versátil, con muchas opiniones jurisprudenciales. Hay que tener cuidado con los plexos probatorios. Hay que ser muy meticuloso con los plexos probatorios de la asociación ilícita. Creo que por ahí hay que poner la fuerza.

La Cámara apartó a Rodríguez por prejuzgar sobre la asociación ilícita. En diciembre del año pasado, anuló el procesamiento de unas de las imputadas en la causa, la ex carcelera María Eva Aebi, por ese supuesto delito. Y el 24 de mayo, lo separó del proceso ante una recusación del defensor de Aebi, el doctor Néstor Oroño.

Rodríguez fue uno de los primeros jueces de la Argentina que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y ordenó la detención de los militares más encumbrados de la dictadura: los coroneles Juan Orlando Rolón y Domingo Marcellini. Los dos tienen un punto en común. Rolón fue jefe de Inteligencia del Segundo Cuerpo y luego jefe del Area 212 y Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, con jurisdicción en Santa Fe y Paraná. Nunca antes, habían sido molestados por la Justicia Federal, así que Rodríguez fue el primer magistrado en hacer comparecer a Marcellini y procesarlo como autor mediato e ideológico de crímenes de lesa humanidad. Y después de un largo escarceo judicial con la defensa de Rolón, libró la orden de captura y detención del coronel que hoy está internado en el Hospital Militar de Buenos Aires por un problema cardíaco.

En la causa, ordenó la detención de otro militar de menor rango que los anteriores, el ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa, pero que también revistó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 y hasta tuvo actuación pública en la provincia, donde se desempeñó como el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid, entre 1995 y 1999.