Desde Santa Fe

Uno de los querellantes en la causa que descubrió un enterramiento clandestino con ocho cuerpos -cinco de ellos ya identificados- en el campo militar San Pedro planteó la necesidad acelerar el ritmo de las investigaciones y ampliar el área de búsqueda ante la sospecha de que lugar era un centro de exterminio de la dictadura. "Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, todo es muy lento. Vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de 2.000 hectáreas", dijo Jorge Castro, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió una fosa común con los restos de tres mujeres y cinco hombres. Desde entonces, logró identificar a cinco: María Esther Ravelo, los esposos María Isabel Salinas y Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y la semana pasada a Oscar Wilkelman, todos secuestrados y desaparecidos en Rosario, entre agosto y septiembre de 1977. Falta aún devolver la identidad a una mujer y a dos hombres.

"Hemos hecho presentaciones ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, para que extienda la búsqueda en otros lugares más precisos, pero el resultado ha sido negativo. Por lo tanto, vemos con preocupación que hasta ahora sólo se ha investigado un 20 por ciento del campo, que tiene una superficie de más 2.000 hectáreas. Nosotros hicimos la denuncia en marzo de 2007 y estamos en marzo de 2013, nos parece demasiado lento", dijo Castro a Rosario/12.

"Creemos que con el carácter que tiene esta nueva identificación (de Wilkelman) se va cerrando el círculo: todos los enterrados en el campo de San Pedro son santafesinos", afirmó. "Le pedimos entonces a los familiares de desaparecidos que realicen la prueba genética de sangre, para que se puedan identificar los otros tres cuerpos que hasta el momento siguen como NN. ¿Por qué decimos eso? Porque Ravello, Pon, el matrimonio Salinas-Bossio y Wilkelman eran militantes) en la ciudad de Santa Fe, a pesar de que fueron secuestrados en otros lugares del país. Eso era muy común en la época de la dictadura militar, que a pesar de que se los secuestraba en otros lugares del país, se los traía a su lugar de militancia para quebrarlos, sacarle información y asesinarlos".

-¿La hipótesis de la querella es que los otros que faltan identificar serían santafesinos?

-Es una hipótesis porque ningún militar va a declarar y hacerse cargo de lo que hicieron. Por lo tanto, esta identificación del quinto cuerpo es la que nos da la pauta de que pueden ser santafesinos. De acuerdo a las declaraciones (del ex PCI, Eduardo) Constanzo y el testimonio que nos dejó (el cuidador del campo ya fallecido, Carlos) Castellanos, desgraciadamente, se corrobora que a determinados compañeros se los traía a su lugar origen y se los asesinaba.

-¿Ustedes creen que puede haber otros enterramientos?

-Sí, porque Castellanos fue muy claro en sus declaraciones. Dijo que cuando había enterramientos a él lo sacaban del campo y eso ocurrió varias veces en ese período. Lo sacaba el personal de Inteligencia del Ejército Argentino. Y también denunció tumbas solitarias. El otro elemento es que en 1984, cuando finalizaba la tarea de la Conadep, se encontraron restos de un zueco, una cadenita y un dedo, que en aquella época, se hizo la pericia que confirmó que eran restos humanos. Constanzo habló también del traslado desde Rosario de dos compañeros desaparecidos, una mujer, y un compañero, que llega muerto. Pero hasta que no se encuentren los cuerpos y se corrobore ese hecho, sólo es una hipótesis de investigación.

Además adelantó que le pedirá Miño que avance también en la imputación a los responsable de los crímenes.