El presupuesto del Servicio Público de la Defensa que dirige Gabriel Ganón, está en el centro de la polémica: hace cinco días su titular presentó ante la justicia una medida cautelar porque el Ministerio de Justicia no le había renovado un convenio para administrarlo. Denunció que ese era "un acto más de hostigamiento del gobierno por sus críticas al funcionamiento de la justicia". El ministro de Justicia, Juan Lewis, aseguró que fue Ganón quien a principios de diciembre pasado pidió que esta no administrara más ese dinero y "después se arrepintió".

"Interpusimos en la justicia una medida cautelar y un recurso contencioso administrativo contra un decreto del ejecutivo provincial que nos deja con una imposibilidad de continuar funcionando porque se caerían las obligaciones asumidas por la provincia en los próximos meses, es contradictorio con el discurso que se tiene sobre la reforma penal que se pretende comenzar a la brevedad, es un acto de hostigamiento", dijo Ganón.

"Nos hostigan desde el Ministerio de Justicia porque no quieren dar el debate sobre las defensas penal y civil en esta provincia que son desastrosas, y porque además denunciamos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", agregó.

Pero Lewis aseguró que "la Defensoría tiene presupuesto para funcionar, pero el propio Ganón nos pidió el 7 de diciembre de 2012 el traspaso de la administración de su presupuesto. El Defensor puede elegir hacer el convenio con alguna universidad o con la Corte Suprema, pero parece que se arrepintió porque el 27 de diciembre nos pidió la renovación".