La fiscal federal Mabel Colalongo va a pedir hoy la suspensión del juicio al ex diputado del PJ Pedro Rodriguez, quien junto a los ex militares Horacio Maderna y Rubén Cervera, van a ser juzgado por el secuestro y torturas al sindicalista Manuel Casado, ocurrido durante la última dictadura. "En el marco de las cuestiones preliminares, voy a pedir la acumulación de la causa Casado con el resto de los hechos ocurridos en San Lorenzo durante la dictadura porque la fragmentación de las causas mantiene la impunidad", aseguró Colalongo. Los espacios por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Lorenzo y Juicio y Castigo Rosario convocaron a llenar la sala de audiencias para "respaldar el pedido de unificación".

La fragmentación impide, según la fiscal, conocer la trama de complicidades entre la dictadura y las empresas del cordón industrial, como Somisa, Acindar, Molinos Río de la Plata y Bunge y Born. "Mi planteo es: estamos negando verdad. Qué verdad le ofrecemos a Casado, la víctima de este juicio. La misma verdad que le negamos a todos los restantes desaparecidos", indicó Colalongo.

--¿Qué tensiones se viven en este juicio para elevarlo solo, en forma individual?-- preguntó Rosario/12.

--Rodríguez es el primer civil imputado que pertenece al poder económico en San Lorenzo. Esta causa es paradigmática, porque tiene como víctimas a gente vulnerable con sentido de clase, que en su momento militó con valentía oponiéndose a la burocracia sindical, que sigue siendo hoy funcional al poder económico, como Bunge y Borg o Duperial. Este juicio es el que debió habernos permitido a todos ver la participación civil- contestó la fiscal.

En este marco, explicó que hoy "la audiencia se va a iniciar con las medidas preliminares" y desde la fiscalía pedirá "la suspensión hasta tanto se acumulen las restantes causas", porque "llevar este juicio adelante implica una violación a los pactos, convenios y a lo que se viene sosteniendo".

En el juicio están imputados el teniente coronel (re) Cervera y el capitán (re) Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, respectivamente, y el abogado Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.

También estuvo imputado el comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, Ramón Genaro Díaz Bessone, pero fue "declarado inhábil para este juicio" por razones de salud.

Los tres están procesados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, amenazas y violencia contra el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la ciudad de San Lorenzo y llegaron a las audiencias en libertad luego de ser excarcelados.

El dirigente sindical, que en 1976 militaba además en la unidad básica Sabino Navarro de San Lorenzo, es la única víctima en el expediente.

Según la investigación, el 24 de marzo de 1976 Cervera asumió como interventor de la Municipalidad de San Lorenzo y conservó su lugar como jefe el Batallón 121 de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, mientras que Maderna fue designado secretario de Gobierno municipal.

Rodríguez, alias Pili, que se desempeñaba como asesor jurídico del municipio en democracia, mantuvo su puesto tras la interrupción del orden constitucional y fue nombrado director de Asuntos Jurídicos de la intervención de facto.

Casado fue secuestrado el 25 de marzo en el centro de San Lorenzo y estuvo detenido a lo largo de diez días en un lugar que no pudo reconocer, para luego ser "blanqueado" en la Jefatura de Policía de San Lorenzo.