A tres días de que el proyecto de adhesión a la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se trate con preferencia en la Cámara de Diputados de la provincia (tiene media sanción en Senadores), Rosario/12 consultó a mujeres que están relacionadas con la problemática de maltrato, trabajan y exigen la aprobación, promulgación y reglamentación de la iniciativa. Claudia Giaccone, Susana Chiarotti, Mercedes Martorell, Lucila Puyol y Lucrecia Aranda destacaron los aspectos más importantes de la ley nacional 26.485, sancionada en 2009. El grupo de Mujeres para la Victoria dijo que el próximo paso tras la reglamentación es estudiar la reasignación de la partida presupuestaria para las políticas de género en Santa Fe; mientras que desde la Dirección Provincial de Políticas de Género aseguran que no se dejan de hacer acciones por falta de dinero. Todas coinciden a favor de la ley, y plantean que queda trabajo por hacer.

La diputada nacional Claudia Giaccone, una de las impulsoras de la adhesión, recordó que este jueves se movilizarán a la Legislatura con la consigna "la ley es nuestra", y aseguró que más adelante pedirán una "promulgación con reasignación de partida presupuestaria", porque "sin ello, la batería (de cuestiones que incluye el proyecto de ley) termina siendo sólo un slogan". Y vaticinó que este jueves "será un día histórico para todas las santafesinas".

Luego de las idas y vueltas que generaron dos proyectos de adhesión a la ley nacional, en la provincia, la movilización de mujeres peronistas insistió con el tratamiento y este jueves sería aprobada una de las iniciativas en la Cámara baja. La necesidad de la normativa toma fuerza frente al dato de que Santa Fe es la segunda en el país con más muertes de mujeres por cuestiones de género.

La abogada y titular del Instituto de Desarrollo de Género (Insgenar), Susana Chiarotti, detalló que "lo importante es que la ley nacional fija nuevas formas de violencia y amplía la mirada porque va más allá de la ley que teníamos en la provincia, que es la de violencia doméstica. La legislación nacional abarca otros dos ámbitos: a la sociedad y el estado". Y puntualizó que la normativa también "apunta a tipos de violencia como la simbólica, que se da con mensajes que tienen estereotipos; la mediática, cuando los medios de comunicación se prestan para transmitir mensajes violentos contra las mujeres; y la violencia institucional".

Además, aclaró que se plantea la coordinación entre diferentes áreas del estado para diseñar y desarrollar campañas de prevención. Y resumió: "La ley tiene obligaciones para los tres poderes del estado: el Ejecutivo, para crear programas; el Judicial, para que aplique la ley frente a los incumplimientos; y el Legislativo, porque no puede dictar normas que vayan en contra de la ley".

Sobre los recursos, Chiarotti consideró que "dependen del compromiso político más que de la cantidad de efectivo. El problema no es cuánto hay, sino cómo se reparte. Habla del compromiso del gobierno contra la violencia de género; el gobierno que dice que no tiene presupuesto, no tiene interés", dijo. Y aseguró que la provincia está incumpliendo. "Estamos esperando que se lance un plan de igualdad de oportunidades para varones y mujeres; que haya campañas para erradicar estereotipos; que se termine el déficit en el acceso a la Justicia sobre todo en violencia sexual", enumeró.

La abogada integrante de Mujeres para la Victoria, Lucila Puyol, indicó que apenas salga la ley provincial las mujeres peronistas pedirán ser parte de la discusión para la reglamentación, y lamentó que en el último presupuesto, la provincia destinó "menos del 0,04 por ciento del monto a cuestiones de género, sin tener una partida propia asegurada". Alrededor de 6 millones, según aclaró Giaccone.

Martorell, titular del área de género en la provincia, reconoció que el presupuesto asignado es "mediano y reducido", pero negó que se hayan dejado de hacer cosas por falta de dinero. La funcionaria aseguró: "La provincia está ansiosa para que se apruebe esta ley. No queremos que quede ligado que hay violencia de género porque no hay dinero; eso es un error conceptual. Con el dinero se podrían hacer otras cosas, pero hay un problema que va a llevar años y tiene que ver con la cuestión cultural: cambiar la idea de que la mujer es un objeto del hombre".

Por su parte, Lucrecia Aranda, autora de uno de los proyectos de adhesión durante su período como diputada, celebró que "la ley avanza en la tipificación de las formas de violencia". Y habló de incumplimientos: "Establece la creación de un observatorio, que está incumpliendo el estado nacional. No hay estadística real, más que los datos de ONG's. Tampoco se cumple la línea de asistencia, que ya debería estar funcionando. Ni en relación a la justicia, con la gratuidad y la no revictimización". Como reflexión, afirmó: "Nadie puede negar que falta bastante camino por recorrer, que tiene que ver con los recursos y la jerarquía política y el consenso que se logre también en lo social".