La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la pericia psicológica y de personalidad dispuesta por el Tribunal Oral de Santa Fe a una niña que fue víctima de trata a los 15 años. La chica fue captada por una par "hija de la explotadora" y fue llevaba a la ciudad de San José del Rincón, pegado a Santa Fe, donde la encerraron con cadenas, encapucharon, maniataron y drogaron para privarla de su libertad para prostituirla. Miriam Graciela Villalba era la dueña de la casa donde se cometía el delito y su hijo, Víctor Villalba Jara "cuidaba que cumplieran con los clientes y que no se dieran a la fuga, impidiendo que se comunicaran entre sí y ejerciendo violencia física si le desobedecían". Antes del comienzo del proceso oral, el Tribunal aceptó un pedido de las defensas para que se realice el examen a la víctima, una medida que los fiscales de Santa Fe, Martín Suárez Faisal y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, rechazaron por revictimizante, y producto de prejuicios de género. La niña, además de haber sometida a una violencia extrema, iba a ser sometida a un examen para evaluar la veracidad de sus dichos, a pedido de la defensa de los acusados.

La medida del Tribunal Oral de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Miguel Abásolo, fue tomada el 27 de mayo pasado, y los fiscales recurrieron inmediatamente, porque su consecución generará "un perjuicio de imposible reparación ulterior". La fundamentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal es frondosa. "La realización del acto tiene entidad suficiente para generar un grave daño en la víctima, posicionándola en una situación de descrédito, estigmatizante y que la somete a dar lección acerca de por qué su relato debe ser creído en juicio", dijeron los fiscales para oponerse a la medida.

La historia comenzó el 20 de septiembre de 2010, cuando la madre de la víctima denunció la desaparición de su hija, dos días antes. Muchos testimonios dieron fe de la captación de J.N.C. (las iniciales de su nombre) de parte de otra chica de su edad, que se hizo pasar por su amiga. Más tarde, un supuesto remís, conducido por Cristian Di Stéfano, las llevó hasta San José del Rincón, donde la chica fue privada de su libertad en un rancho de chapas, junto a otras adolescentes. De la red de tratantes participaban Darío Ricardo Cañete y José Luis Maza, policía de la comisaría 14° de San José del Rincón. Ellos "contribuyeron al mantenimiento de las condiciones de privación de la libertad y sometimiento de la menor víctima, aprovechando su situación de vulnerabilidad mediante abusos de índole sexual". Cañete, Di Stéfano, Villalba Jara, Villalba y L. R. (cuyo nombre se omite porque era menor cuando cometió el delito) fueron procesados como autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Antes del comienzo del juicio oral, los defensores de dos acusados pidieron la pericia psiquiátrica de la víctima, para "entre otros objetivos" establecer "su tendencia a manifestarse con veracidad y/o a la mendacidad o fabulación". Los fiscales se opusieron, como así también la Defensora Pública de Menores, Judit Didier, pero el Tribunal ordenó el peritaje. Ante esa decisión, los fiscales presentaron un recurso de Casación.

El escrito firmado por Colombo y Suárez Faisal subrayó que "la realización del informe solicitado por la defensa atentaría contra la integridad física y psíquica de la víctima, sometiéndola a un examen de tal alcance que podría ocasionarle graves consecuencias en su psiquis si se tiene especialmente en cuenta su situación de vulnerabilidad; la cual fue, precisamente, la circunstancia aprovechada por los imputados para la ejecución del delito que hoy se les atribuye". Además, los funcionarios judiciales indicaron que la medida resulta "impertinente y superabundante", dado que la víctima dará testimonio en la audiencia de debate.

En uno de sus párrafos más contundentes, el recurso de los fiscales indica que "se busca establecer las características de personalidad de la víctima, como si ello fuera relevante para establecer la culpabilidad de los autores (serán responsables o no, según la personalidad de la víctima)". Colombo y Suárez Faisal señalaron que "se busca investigar a la víctima, olvidando que sufrió los gravísimos ultrajes, en cautiverio, con sólo 15 años de edad". Los fiscales cuestionaron también al Tribunal porque "considera pertinente y útil escudriñar sobre la "tendencia de la niña a manifestarse con veracidad y/o a la mendacidad o fabulación". Esto último resulta ser la muestra más clara y palmaria de la violación de los derechos de la menor, en especial de su dignidad y de su condición de múltiple vulnerabilidad". El escrito recordó que la víctima ya fue evaluada por una profesional en la materia, la licenciada Laura Manzi, coordinadora general del Departamento de Psicología del mismo Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, quien entrevistó a la niña valiéndose de una cámara Gesell.

Así las cosas, la Cámara hizo lugar a la presentación de los fiscales. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos concedió el recurso a la fiscalía, al señalar que "la resolución en crisis incurre en arbitrariedad, en tanto, carece de una fundamentación válida". Al mismo tiempo, la Cámara afirmó que "no se puede seguir demorando el presente proceso", y recordó dos encomendaciones previas "el 17 de mayo y el 7 de junio" para acelerar el debate.