SANTA FE › TRAS SU PASO POR LA LEGISLATURA, PIDEN QUE SE "ACEPTE" LA RENUNCIA DE MARTORELL
Lo dijo la diputada Alejandra Obeid. La directora de Políticas de Género admitió que no tienen protocolo de actuación, al rendir informes después de 45 femicidios.
Desde Santa Fe
Los diputados justicialistas esperan que esta semana el gobernador Antonio Bonfatti acepte la renuncia de la directora de Políticas de Género, Mercedes Martorell, a quien le pidieron un paso al costado después de su informe en la Legislatura, donde demostró "no estar al altura" de conducir un área tan sensible en Santa Fe, la segunda provincia en el país con mayor cantidad de femicidios: 45 en 20 meses. Martorell dijo que eran 34. "Es muy triste, pero no se está haciendo nada, por lo tanto es urgente un cambio en la conducción política", dijo la diputada Alejandra Obeid.
Martorell estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados, por iniciativa -precisamente- de la diputada Obeid, para pedirle explicaciones sobre casos puntuales, entre ellos el asesinato de Griselda Correa, que hizo dos denuncias ante la policía -una en la comisaría de Santo Tomé y otra en la seccional 1ª de Santa Fe-, pero nunca llegaron a manos de Martorell. "No pudimos atenderla", admitió la funcionaria. Y lo mismo dijo cuando le preguntaron sobre otras dos jóvenes quemadas en Semana Santa, Carmen García y Melina Monzón. Los legisladores se sorprendieron aún más cuando Martorell aceptó que aún no hay un protocolo que coordine la acción del Estado ante la violencia de género y tampoco un registro único para saber cuantos casos hay en la provincia.
Al día siguiente, los diputados del PJ le mandaron una carta a Bonfatti para que acepte la renuncia de Martorell, "por no estar a la altura de los acontecimientos para cumplir con sus funciones políticas como responsable del área". Después, de la reunión en la Cámara de Diputados, "quedó de manifiesto a través de sus expresiones, el total fracaso de las políticas llevadas adelante por la Dirección de Políticas de Género en los últimos 20 meses", agrega la nota.
La diputada Obeid dijo que "es muy triste. Pero después de escucharla a Martorell nos damos cuenta por qué Santa Fe es la segunda provincia en femicidios y por qué tenemos 45 muertes en 20 meses. No hay políticas públicas y falta gestión", argumentó. "Martorell habló de diálogo, de articulación, de lo que hay que hacer, pero ni siquiera hay un protocolo para los casos de violencia de género. La verdad es que no se está haciendo nada", agregó.
Obeid dijo que "a las preguntas muy concretas", Martorell respondió "con palabras banales, efímeras. Recién después de una hora y media de reunión, el diputado Mario Lacava logró una respuesta: 'No, no hay un protocolo, se lo está diseñando'", dijo.
"Otra cuestión muy grave es que la Policía no comunica las denuncias a la Dirección de Políticas de Género", planteó Obeid. "Griselda Correa hizo dos denuncias -en la comisaría de Santo Tomé y en la seccional 1ª de Santa Fe-, que no fueron comunicadas a Martorell. O sea que Griselda Correa murió y la denuncia quedó en la policía porque no se hizo nada después. Entonces, ¿para qué tenemos tantos organismos? ¿Para que tenemos tanta gente si no somos capaces de salvarle la vida a una mujer", se preguntó.
"Hubo 45 muertes en la provincia y ni siquiera hay un teléfono verde para llamar las 24 horas del día. Después del horario administrativo, el único número disponible es un celular de Martorell", precisó Obeid.
Su colega Rosario Cristiani coincidió: "Después de 20 meses de gestión y más de 40 femicidios en Santa Fe aún no hay un protocolos de atención a mujeres golpeadas, el Registro Unico de Víctimas de violencia de género se está redactando y no existen campañas para orientar a mujeres que padecen violencia. A la luz de los hechos, los derechos se ven más que vulnerados y las urgencias no se consideran tales, ya que se sigue negando la realidad".
Cristiani dijo que Martorell "habló de impulsar la transversalización de políticas de género en los diferentes ministerios pero esa transversalización hace que se diluyan responsabilidades y no se asume que la comunicación entre los actores del Estado es inexistente a la hora de intervenir en los casos que revisten urgencia extrema como lo son los de violencia de género".
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