Para que los narcotraficantes detenidos "no continúen siendo ricos cuando salen de la cárcel", el diputado provincial Maximiliano Pullaro impulsará en unos días un proyecto para que las personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de estupefacientes sean sometidas a un proceso judicial civil en el cual deban justificar que todos sus bienes "fueron adquiridos con fondos lícitos": El legislador apoya su iniciativa en experiencias similares que ya funcionan en países como México y Colombia. Como es un delito de índole federal, solicitará el acompañamiento de diputados nacionales de la UCR y el Frente Progresista Cívico y Social para conseguir que la iniciativa pueda ser aprobada en el Congreso.

"Economía del delito", es un concepto en el cual Pullaro se detiene una y otra vez. El diputado saluda las recientes detenciones de narcotraficantes en el sur de la provincia de Santa Fe, pero considera que "la justicia tiene que ir sobre" otros eslabones claves en el entramado de una banda narcocriminal. En ese sentido, apunta a abogados y contadores, profesionales que cumplen un rol vital en el crecimiento patrimonial de los narcos a expensas de un blanqueo del dinero obtenido por la venta de drogas. "Vamos a trabajar para que las personas que asesoran puedan tener carga penal también. Algunos abogados, con el argumento de que defienden a los acusados, que todo el mundo tiene el derecho a defensa, los defienden y asesoran a las empresas narcocriminales. Eso también se tiene que empezar a investigar e involucrar a los tipos como parte de esas empresas. No los defienden cuando son descubiertos, los defienden previamente. En todas las escuchas hay abogados involucrados", explicó el legislador radical por el departamento General López.

El proyecto busca que todos los bienes injustificables de un narcotraficante pasen a manos del Estado, que después deberá decidir qué hacer con ellos. En Colombia dicha acción se denomina "extinción de dominio". A la vez, se promoverá la creación de un registro de bienes incautados por la justicia. La iniciativa se presentará esta semana y Pullaro luego se lo entregará a los diputados nacionales Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido "y a Mario Barletta y todos los candidatos del Frente Progresista en general".

De manera "automática", un narcotraficante debería someterse a un proceso civil, además de la carga penal que pesaría sobre él por integrar una asociación ilícita. En Colombia y México -aseguró Pullaro- "una persona que es condenada por narcotráfico tiene que probar que los bienes que posee los compró con fondos lícitos. En este momento, acá, es al revés, el Estado tiene que comprobar que los compró con fondos ilícitos. De ese modo, el narcotraficante sigue siendo rico cuando sale de la cárcel porque el Estado nunca les prueba que los bienes fueron comprados con dinero ilícito. Es la carga dinámica de la prueba, como sucede en estos momentos en otros países".

Por otro lado, el diputado Maximiliano Pullaro juzgó como "exagerada" la afirmación del secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien había dicho que el clan Zacarías montó en Funes la cocina de drogas "más grande del país". No obstante, señaló que "lo importante es que estemos investigando círculos intermedios en la cadena narcocriminal y no como antes que íbamos solamente sobre los bunkers o quioscos. Hay un largo camino por recorrer, que es la economía del delito. Por ahora estamos yendo sobre los que distribuyen o procesan, sean pequeños, medianos o grandes como los Zacarías, pero no sobre los que se llevan la mayor parte del negocio que aún permanecen ocultos".