La vicegobernadora María Eugenia Bielsa dijo estar de acuerdo con la decisión adoptada recientemente por la Corte Suprema de Justicia provincial, que pidió investigar administrativamente siete de las más emblemáticas causas de corrupción que se registraron en Santa Fe desde el regreso de la democracia, que prescribieron o están cerca de hacerlo. La presidenta del Senado celebró ayer la postura de los cortesanos y calificó de "correcta" la decisión investigar a los jueces que tuvieron a su cargo causas significativas de corrupción como la que involucra al ex vicegobernador Antonio Vanrell, la estafa IBM-Banco de Santa Fe, el cohecho de Fibraca y el fraude a la Caja de Jubilaciones.

"La Corte deberá dilucidar si la prescripción de estas causas se debió a problemas administrativos o si hubo negligencias o favoritismo", disparó la vicegobernadora en diálogo con LT10, en lo que fue el primer pronunciamiento de un integrante del Poder Ejecutivo provincial sobre las presuntas irregularidades en la instrucción judicial de las causas mencionadas. "Las causas pueden seguir dos caminos: o se condena o se absuelve; no existe la prescripción porque es una forma de dilación en la administración de la justicia", agregó la funcionaria.

Según publicó días atrás el diario El Ciudadano, la decisión de la Corte fue adoptada en el acuerdo del 17 de mayo pasado. Los seis ministros y el procurador general subrogante, Miguel Angel Molinari, suscribieron la resolución sobre los controles internos que habían pedido en julio de 2005. En aquella oportunidad, el máximo tribunal solicitó a las cinco cámaras penales de apelaciones de la provincia informes sobre las fechas de inicio, el estado procesal y las etapas más significativas de causas de "trascendencia institucional y social".

El pedido fue formulado después que, en el primer semestre de ese año, a partir de una reforma al Código Penal que modificó el régimen de prescripciones, comenzaron a caer emblemáticos casos de corrupción que llevaban 10 y 20 años de trámite en los tribunales santafesinos.

Los informes fueron remitidos al cuerpo presidido por Rafael Gutiérrez, aunque algunos debieron ser ampliados por pedido del procurador Jorge Bof. Semanas atrás el jefe del Ministerio Público se expidió. "Conforme a lo dictaminado (por Bof) son varios los informes que dan cuenta de situaciones de las cuales podrían derivarse consecuencias en el orden administrativo, por lo que propone la realización de sendas investigaciones a los fines de su adecuada dilucidación", señaló el texto de la acordada suscripta por los ministros de la Corte.

La instrucción fue asignada a los presidentes de las Cámaras de Santa Fe, Julio De Olazábal; de Rosario, Elena Ramón; y de Rafaela, Angel Doro. No se detectaron por ahora "situaciones con consecuencias administrativas" en las circunscripciones Nº 3 y 4 (Venado Tuerto y Reconquista). Los camaristas mencionados, siguiendo el fallo, "deberán orientarse al análisis de las vicisitudes registradas en la tramitación" de siete causas y elevar sus conclusiones en un plazo de 90 días. Entonces la Corte decidirá si abre sumarios administrativos.