Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti propuso esta semana como defensor adjunto de Rosario -un cargo clave en el nuevo sistema penal- al abogado Enrique Fernando Sirio, a quien el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, cuestionó hace más de un año por el "patrocinio" y la "defensa política" del ex subjefe del II Cuerpo de Ejército, Luciano Adolfo Jáuregui, ya fallecido, en una causa que investigó el terrorismo de estado en Rosario y el circuito de centros clandestinos, entre ellos la quinta de Funes. A principios de setiembre, Sirio asumió la defensa pública del empresario Delfín Zacarías, detenido y procesado hace diez días por el juez federal Carlos Vera Barros por los presuntos delitos de "organizador y financiador de una banda dedicada a la fabricación y comercialización de estupefacientes" y "administración y disimulación de bienes provenientes" del narcotráfico.

Bonfatti pidió la designación de Sirio a la Legislatura, junto con otros tres defensores adjuntos -dos para Rosario y uno para San Lorenzo- y doce fiscales adjuntos para Rosario, San Lorenzo, Rufino y Esperanza. Los 16 pliegos ingresaron al Senado el miércoles, por lo que lo la Asamblea Legislativa ya fue convocada para el 14 de noviembre y si ésta fracasa por falta de quórum -como ocurrió con las últimas cuatro- habrá una segunda convocatoria el 21 de noviembre. Si se repite el faltazo, el acuerdo tácito se producirá a la medianoche.

En apenas un mes -entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre- la Legislatura designó 35 funcionarios judiciales por acuerdo tácito, ante la estrategia de los legisladores del Frente Progresista de retacear el quórum, a la que se sumaron los senadores del PJ. Así, fueron designados el defensor regional de Venado Tuerto, Mariano Mascioli (sobrino político del ex ministro de Justicia, Héctor Superti y ex funcionario de Hermes Binner), once fiscales adjuntos (entre ellos cuatro que iban a ser bochados porque en el concurso no llegaron a 40 puntos) y tres jueces subrogantes del fuero civil. Eso más veinte jueces de pequeñas causas, entre ellas una abogada de Reconquista que no asumirá porque renunció antes de que impugnaran su pliego porque había patentado sus autos en Corrientes. El presidente de la comisión de Acuerdos, Leandro Busatto, advirtió sobre el "riesgo institucional" de nombrar magistrados y funcionarios judiciales por un atajo y sin debate en el recinto.

Ganón cuestionó a Sirio el año pasado, apenas terminó el concurso en el Consejo de la Magistratura. El 3 de julio de 2012, informó -por nota- al ministro Lewis que el patrocinio de Sirio al general Jáuregui en un juicio por delitos de lesa humanidad era más que una defensa técnica. Fue "una defensa política de los hechos investigados y aquí radica la gravedad de la situación", dijo. Y ofreció como prueba un "escrito firmado y presentado" por el penalista en el que Jáuregui "hace referencias concretas a la 'lucha antisubversiva' y al 'bando terrorista', se ampara en el decreto 261 del PEN ('aniquilación' de la subversión) y en la directiva del Comando de Ejército Nº 404/75 (que ordena 'aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas')".

Por aquellas objeciones, el pliego de Sirio estuvo en la Casa Gris durante más de un año, hasta el miércoles pasado, cuando llegó a la Legislatura, con la firma de Bonfatti y de Lewis.