La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) será querellante en la causa abierta por la Justicia Federal rosarina para investigar los hechos de Villa Constitución, conocidos como "El Villazo", de 1975. Con la presentación, la asociación manifestó su apoyo, además, al pedido que hizo la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para que el juez nacional en lo Criminal y Correccional -5, Norberto Oyarbide, se declare incompetente en una causa por los mismos sucesos. La solicitud fue presentada por el fiscal de la Unidad de Asistencia de Coordinación para causas por violaciones de DDHH, Gonzalo Stara -a cargo de la instrucción de la causa en Rosario-, con el fin de que los dos expedientes se unifiquen en Rosario por la cercanía con el lugar de los hechos. En su presentación como querellante, la APDH, representada por Norma Ríos, resumió que "el 20 de marzo de 1975 marcó un quiebre en la historia del movimiento obrero argentino. Para Villa Constitución todo comenzó a las 4 de la madrugada. La ciudad se despertó alumbrada por el comienzo del espanto cuando un impresionante operativo se abatió sobre el pueblo y los alrededores".

Luego de que el 26 de julio pasado ocho sobrevivientes de la represión en Villa Constitución se presentaran ante el fiscal Stara, para solicitar que se investiguen las responsabilidades penales de los aberrantes sucesos ﷓cuando la ciudad fue ocupada por fuerzas de seguridad﷓ contra los operarios metalúrgicos organizados por la sindicalización, el juez local Marcelo Bailaque abrió la causa y le delegó la instrucción al fiscal Stara. Desde septiembre, se tomaron casi una decena de declaraciones testimoniales.

Al mismo tiempo, se presentó un pedido ante el juez Bailaque para que se inhiba Oyarbide, quien tiene una investigación por los mismos hechos denunciados por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. La organización de DDHH presentó la denuncia en 2010, aunque la causa sólo fue abierta luego de que el expediente rosarino comenzara a tramitarse, acorde informara en el expediente el fiscal de la causa de Buenos Aires, Eduardo Taiano. El objetivo del planteo es que la causa tramite en Rosario. Ahora la justicia federal local espera una respuesta del juez Oyarbide para que remita las actuaciones a Rosario, donde consideran que corresponde por la cercanía con el lugar de los hechos. En el fundamento de la inhibitoria presentada, Stara argumentó la "coincidencia de los hechos investigados", a los que calificó como "idénticos" para ambas causas. En la nota consideró que "conforme el lugar donde ocurrieron los hechos, la competencia territorial debe ser la de los juzgados federales de Rosario, cuya jurisdicción comprende Villa Constitución". Caso contrario ﷓según se indicó﷓﷓, el diferendo puede llegar a ser dirimido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para la abogada Gabriela Durruty, una de las representantes de los sobrevivientes, junto con Jésica Pellegrini, "el único relato de los hechos que hasta la fecha ha desarrollado el Poder Judicial convierte a víctimas en victimarios, se enjuicia a los trabajadores organizados y se los encarcela. Fue necesario tomar literalmente a la ciudad de Villa Constitución para poder desmembrar la última gran lucha clasista de nuestra historia reciente. Una deuda de nuestra democracia es devolver a sus protagonistas la paz que solo la justicia puede dar, a casi cuatro décadas, y ante el juez natural: el de Rosario. De lo contrario, se expropiaría el conflicto a sus protagonistas".

Los sobrevivientes que hicieron la denuncia a mediados del año pasado fueron Agustín Luna, Cástulo Bogado, Miguel Simonovich, Luis Aliendro, Roberto Martínez, Zenón Sánchez, Juan Actis y Victorio Paulón. A sus casos se suman los de Miguel Angel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Mancini, José García, Jorge Chaparro, Julio Palacios, Concepción de Grandis, Carlos Ruescas, Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tonso.

Entre los acusados aparecen el directorio de Acindar, policías intervinientes y el destacamento de Inteligencia 121. También personal jerárquico directamente mencionado por los sobrevivientes, y ex empleados que eran detenidos por represores que ostentaban los legajos de la empresa.

En la presentación fiscal de agosto al juez Bailaque, para que se abra la causa, se planteó el contexto histórico en que ocurrieron los hechos y se relató cómo "el plan sistemático de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura, no comenzó su operatoria el día 24 de marzo de 1976, sino que para ese período el ensayo y las prácticas se consideraron finalizadas y se cristalizó el modelo que seguiría hasta finales de 1983". Y agregó que los hechos "constituyen delitos del derecho penal internacional que por su gravedad, repugnan a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana".

El 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos, la APDH se presentó ante Stara para ser querellantes en la causa, y fue aceptada la semana pasada, por lo que ya es parte en el expediente. El su presentación, resumieron: "El gobierno de Isabel Martínez de Perón, con el apoyo del llamado movimiento obrero organizado, denunció un complot subversivo destinado a paralizar la industria pesada del cordón industrial del Paraná y a copar las direcciones sindicales de las principales industrias; y lanzó una masiva represión que dejó en un primer momento 150 detenidos. El carácter antiguerrillerista que pretendieron adjudicarle al procedimiento da cuenta de que el plan pergeñado y profundizado un año después en el golpe de Estado, apuntaba centralmente a destruir la conducción antiburocrática del movimiento obrero. El entonces Ministro del Interior Alberto Rocamora denunció un 'complot subversivo destinado a paralizar el cordón industrial del Paraná'. La consecuencia inmediata fue la invasión armada a la ciudad de Villa Constitución para mandar a la cárcel a cuanto directivo, comisión interna o delegado de base cayera en la redada. Lo de Villa fue un ensayo de lo que sobrevendría un año después a escala nacional: interminables caravanas de Ford Falcon, patrulleros, carros de asaltos y vehículos blindados convergieron sobre la zona con el apoyo de lanchas de prefectura, control aéreo con helicópteros y perros adiestrados en las `pinzas' camineras".