Desde Santa Fe

£El líder de Apropol, Alberto Martínez, quedó ayer imputado en la causa por las amenazas al gobernador, Antonio Bonfatti. La jueza Susana Luna (Instrucción 4ª) lo citó a indagatoria, a las 9.30, por supuestas "coacciones agravadas", pero Martínez se excusó por razones de salud: presentó un certificado médico por un cuadro de "hipertensión" y "cefalea" y ofreció abogados defensores: el penalista santafesino Romeo Díaz Duarte y su colega Miguel Portillo, quienes denunciaron un presunto operativo de "injerencia del poder político" en el juicio para convertir a su defendido en un "chivo expiatorio".

El viernes pasado, Luna acumuló dos causas en su despacho: una denuncia del fiscal de Estado Pablo Saccone contra Apropol, presentada en Santa Fe, el viernes 5 de diciembre, por supuesta "instigación a la violencia", cuando se producían los saqueos y desmanes en Córdoba. Y la denuncia de Bonfatti, unos días después, ante el fiscal de turno en Rosario, cuando recibió en su teléfono celular un mensaje de texto que le exigía: "Pagá las 12 lucas, pelado...", coronado por un insulto.

El lunes, la doctora Luna hizo lugar al requerimiento del fiscal Nº 4, Juan Pablo López, que pidió la indagatoria de Martínez como imputado de supuestas "coacciones agravadas", que fracasó ayer. Por lo que ahora la magistrada deberá convocar a una nueva audiencia.

En la denuncia del 5 de diciembre, el fiscal Saccone había interpretado el llamado de Apropol, mientras se producía el alzamiento de la policía de Córdoba, como una instigación a la violencia, "a adoptar comportamientos similares con el peligro de que tuviesen las mismas consecuencias, es decir, el desorden y los desmanes", dijo el fiscal de Estado. "Evidentemente, esto no ha sido un comportamiento casual, está dirigido a crear una situación de desazón y de inquietud civil para presionar al gobierno a tomar diferentes soluciones."

Después se agregaron las denuncias por amenazas a Bonfatti, en las que uno de los jueces que intervino ordenó escuchas telefónicas, que ahora están en poder de la jueza Luna.

Los abogados de Martínez interpretaron la imputación y la indagatoria de su defendido como "una criminalización de un reclamo salarial", dijo Díaz Duarte. "Es un hecho grave que el poder político de la provincia se inmiscuya en una causa judicial. No queremos que Martínez sea una víctima más de pruebas ilegales compuestas con un tinte muy especial del poder político", acusó.

"El temor que tenemos --insistió Díaz Duarte-- es por la injerencia del poder político en la Justicia. Pero gracias a Dios, tenemos un Poder Judicial impoluto, una jueza (la doctora Luna) impecable y un fiscal (López Rosas) que es de carrera y eso es nuestra mayor mochila de Justicia."

"Por el delito que se le atribuye al señor Martínez mucha gente declara en libertad y, por lo tanto, creemos que nuestro defendido no va a ser la excepción", dijo Díaz Duarte. "Sería lo lógico", agregó su colega Portillo.

--¿Tienen temor de que después de la indagatoria quede detenido? --preguntó Rosario/12.

--Tenemos miedo de la injerencia del poder político en la Justicia --planteó el penalista.