El gobierno salió a explicar el veto propositivo que aplicó sobre la ley de creación de la policía judicial. Lo hizo a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis (foto), quien ratificó la coincidencia del Ejecutivo provincial "con la necesidad y el espíritu de la iniciativa".

Dijo que la intención del decreto que firmó el gobernador Antonio Bonfatti "fue mantener la iniciativa de los legisladores haciéndola más funcional y acentuando la dependencia de la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación, teniendo en cuenta su propia estructura. Allí ya existen un montón de misiones y funciones que se le atribuían a algunos órganos dentro de esta policía, lo cual no tiene sentido si ya estaban contemplados".

Lewis refractó las críticas de la oposición, en especial la del diputado Eduardo Toniolli quien concluyó en que el veto dejará al futuro organismo como "un florero" y reprochó al Ejecutivo de "legislar con un veto de 40 artículos sobre 57 que tiene la ley". El ministro recordó que el Ejecutivo "participa del proceso de sanción de leyes a través de la promulgación o el veto total o parcial de las mismas". En el mismo sentido, el diputado socialista Joaquín Blanco había avalado que la medida "está dentro de las atribuciones constitucionales de todo Ejecutivo".

El ministro de Justicia profundizó su alegato. "Vincular este veto con una contrarreforma policial es fruto de un malentendido o de una mala lectura porque es todo lo contrario. El primer artículo que se veta es el 3, para agregarle que la policía va a realizar las investigaciones siempre a pedido de un fiscal y de la manera que lo reglamente el Fiscal General. Antes no estaba esa previsión y eso significa que se trataría de un órgano que podría tener investigaciones autónomas, cuando en realidad hay que acentuar la dependencia del verdadero titular de la acción pública, que es el Ministerio Público de la Acusación".

Por otra parte, Lewis defendió que se corrigieron artículos sobre el instituto de capacitación para la policía judicial. "Se estaba avanzando sobre una facultad elemental del Ministerio Publico de la Acusación, además de replicar estructuras que ya existen. Incluso también se creaba una dirección de análisis criminal cuando en la órbita de la fiscalía general ya existe una secretaría de política criminal con una dirección de política criminal y, además, en cada fiscalía regional existe una subsecretaría de política criminal. Esto forma parte de la estructura del Ministerio Público de la Acusación, que a lo mejor los legisladores no lo han podido tener a la vista, pero como el Poder Ejecutivo participa en el proceso de sanción legislativa tiene oportunidad de indicar estas cuestiones", observó.

También objetó que la ley asignara el mismo sueldo al jefe de Policía que a un vocal de Cámara. "Además de ser un monto excesivamente grande y oneroso, resultaba desproporcionado en atención a que se trata de un órgano de apoyo a la gestión y un fiscal estaría cobrando menos. Es decir, el que da las órdenes y el que requiere la asistencia técnica cobraría menos que el requerido para que preste la asistencia. A fin de mantener el espíritu de la ley, se mantuvo una buena retribución pero estableciendo un porcentaje de lo que cobra el fiscal", fundamentó.