Los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del bloque del Movimiento Evita, denunciaron ayer penalmente a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en la que se investiga el homicidio de Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora sin orden judicial. Los legisladores denunciaron a la jueza Inés Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas, al secretario de Tecnologías, Javier Echaniz, y al subsecretario Martín Degrati, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos. Además, incluyeron en su presentación una solicitud para que se investigue la responsabilidad en los hechos del ministro de Gobierno, Rubén Galassi. La presentación fue acompañada de la versión taquigráfica de las intervenciones del ministro Galassi y de su par de Justicia, Juan Lewis, el pasado 6 de febrero en la Cámara baja provincial. Para Rico, realizar la denuncia era una obligación que tenían como legisladores. "Luego de la interpelación, entendíamos que había delitos claros y concretos. Ahora es el momento que la justicia asuma la responsabilidad y dictamine lo que pasó", precisó el legislador.

Con el patrocinio de Fernando Rosúa, los legisladores presentron ayer la denuncia ante la jueza de Instrucción de la 2 Nominación, Alejandra Rodenas, quien investiga los asesinatos de Medina y su pareja, Justina Pérez Castelli. En el escrito, los diputados del Movimiento Evita hacen referencia a la reunión que mantuvieron con los ministros Galassi y Juan Lewis para tratar el tema del procedimiento que se realizó a partir de los crímenes de Medina y su pareja. Según los legisladores, de los testimonios de los ministros "se desprende que se cometieron una serie de irregularidades manifiestas en los procedimientos, que pueden configurar conductas tipificadas en el Código Penal Argentino".

Para los diputados "queda claro que Pérez Vara, jueza de turno en el momento de los homicidios, se encontraba en funciones y no actuó ante el requerimiento policial. No se hizo presente, no atendió el teléfono, ni dio señales de hacerse cargo de la investigación, lo que obligó a que se dispusiera la intervención de otro magistrado, configurando su actitud un claro acto de abandono de servicio, acción que en principio podría encuadrarse en los artículos 252 y 274 del Código Penal".

Respecto a la conducta de los funcionarios Echaniz y Degrati, los legisladores provinciales consideran que "cumpliendo órdenes expresas de la superioridad, manipularon una prueba, la computadora de Medina, que se encontraba bajo custodia de la Sección Pericias Informáticas de la Unidad Regional II, sin haber sido designados como peritos ni autorizados por el magistrado interviniente".

A partir de la exposición de los ministros Galassi y Lewis, los diputados señalaron que los funcionarios mencionados "llegaron al lugar sin haber sido requeridos judicialmente, y que procedieron a manipular sin orden judicial elementos privados secuestrados. Todo esto se produjo veinte minutos antes de que llegue la Fiscal de Cámara, (María Eugenia) Iribarren, la que inicia al momento de su llegada las gestiones para lograr autorización judicial".

En la denuncia presentada ayer, los legisladores precisaron que "la gravedad de la manipulación es confirmada por el ministro Galassi, el que afirma que el subsecretario Degrati prendió la máquina e hizo un backup (copia de seguridad) de la información contenida en la computadora con anterioridad a la intervención de la fiscal Iribarren. Del relato de los ministros queda de manifiesto que los funcionarios Echaniz y Degrati actuaron ilícitamente, pudiendo encuadrarse sus acciones en las normas de los artículos 153 bis, 248, y eventualmente 254 y 255 del Código Penal Argentino".

Además, los legisladores remarcaron que los elementos bajo custodia, tratándose de elementos informáticos privados (una computadora y un teléfono celular), equiparables en cuanto a su privacidad con la correspondencia, "sólo podían ser revisados conforme a las pautas procesales previstas para evitar posteriores nulidades. Una intervención de semejante naturaleza, puso en riesgo la investigación judicial, y aún resta por verse si como consecuencia de esa manipulación indebida no se destruyó prueba vital para la misma". Esta situación, aclararon, podría configurar "una conducta aún más severamente penada" como la prevista por el artículo 255 del Código Penal.

Por otra parte, los diputados provinciales señalaron que a partir de las manifestaciones de los ministros, los funcionarios policiales que tenían el deber de custodia de los elementos de prueba "no cumplieron con su obligación al permitirle a los funcionarios políticos manipular la computadora". Esta conducta, consideraron, puede quedar tipificada en los términos del artículo 248 del Código Penal.

"Nosotros, en iguales circunstancias, volveríamos a hacer lo mismo", le contesta Galassi al diputado Héctor Acuña durante la reunión realizada en la oficina del presidente de la Cámara Baja, Luis Rubeo, según consta en la versión taquigráfica de la que dio cuenta Rosario/12. Para el diputado Rico, presidente del bloque del Movimiento Evita, los dichos del ministro "son gravísimos".

"No se desarrolla un proceso de autocrítica, y así es imposible tratar de ver cómo se superan los errores que se cometen", dijo el diputado a Rosario/12. "Esto no empezó ahora, es una consecuencia de tres o cuatro años de no haber tenido una política clara con respecto a la seguridad. Nosotros hemos denunciado y seguimos denunciando que la policía es absolutamente connivente con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe", concluyó.