Alrededor de 30 expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1979 -habeas corpus, NN muerte dudosa, privación ilegítima de la libertad-, fueron atados y enviados en dos remesas desde el Juzgado de Instrucción de la 1ª Nominación al Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario, ubicado en la planta baja del edificio. Esos expedientes "paralizados" que no terminaron en sentencia, quedaron arrumbados en el juzgado que por aquellos años estuvo a cargo del juez Carlos Alberto Serrano Brignardello. Los magistrados que le siguieron en el juzgado no hicieron nada distinto con esas causas, ni los secretarios que pasaron por allí, que entre otras tareas tienen la de remitir lo que corresponde a esa especie de biblioteca de sucesos sociales que es el Archivo. Un interrogante surge, entonces, obligado: ¿La Corte Suprema de Justicia tomará las medidas conducentes para asegurar a la sociedad toda que no existe documentación similar en los otros juzgados?. Y que para el caso que la haya será preservada. Esta tarea hasta ahora no fue ordenada.

El traslado realizado en diciembre pasado fue parte de los movimientos internos realizados en el edificio para la adecuación de salas con vistas al comienzo del proceso oral. Más allá del envío habitual de expedientes que realizan los distintos juzgados, la Corte Suprema de Justicia ordenó sobre turnos en esa labor de clasificación y posterior destino en los espacios de dos subsuelos y un entrepiso que componen el Archivo con sede en Rosario y que dirige Carlos Corbo.

-"Venga a ver esto", dijo una empleada del sector a Corbo cuando, entre sorprendida y alarmada, encontró, entre tantos viejos papeles, las carpetas que dan cuenta de hechos vinculados con delitos de lesa humanidad. "De inmediato guardé esos expedientes y le informé a la Corte", dijo a Rosario/12 Carlos Corbo, quien está al frente del Archivo desde dos años y medio atrás, y recuerda que desde que llegó, se dio la tarea de identificar expedientes relacionados con el genocidio en la Argentina.

Con este nuevo hallazgo, también se dio aviso a la Unidad de Asistencia en Derechos Humanos de la Justicia Federal que está a cargo del fiscal Gonzalo Stara y a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Desde que Serrano Brignardello ocultó, arrumbó u olvidó esos expedientes, tampoco los vieron los jueces que lo sucedieron en el cargo, Alberto González Rímini, Carina Lurati y quien hoy está al frente de Instrucción 1ª Roxana Bernardelli.

"El trabajo de archivo es riguroso, se coteja expediente por expediente antes de que cada pieza pase al destino del archivo que consta de aproximadamente 1.400.000 unidades", indicó Corbo, quien también explicó qué ocurre con las causas que están paralizadas, ya que al cabo de 15 años de esa situación son destruidas.

Entre esas causas encontradas en Instrucción 1ª está la que corresponde a la muerte de Guillermo Dawson, quien durante la dictadura figuraba como muerto en un enfrentamiento en octubre de 1976. Ahora el fiscal Gonzalo Stara analiza a qué causa incorporará la prueba encontrada.

Suele decirse en los pasillos de Tribunales que lo que un juez "cajonea, nadie más toca" y, con estos expedientes parece ser lo que ocurrió.

El director del Archivo ordenó que todas las causas queden guardadas a perpetuidad, mientras la Justicia Federal requirió el envío de algunas y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia llevó fotocopias certificadas por el propio Corbo. Este diario consultó al secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas acerca de la posibilidad de que puedan producirse hallazgos similares en los otros juzgados de Instrucción. Cabe recordar que durante el proceso militar existían sólo siete juzgados de Instrucción con dos secretarías cada uno y que luego, a partir de 1973, se desdoblaron en los 14 que existen actualmente. Bordas opinó que esos expedientes pueden haber sido retenidos para alguna investigación y que se siguió "una secuencia normal"

El fiscal Stara evaluó que la prueba documental encontrada resulta de interés para las causas sobre el terror de estado. "Dado el tiempo transcurrido y la magnitud de los delitos cometidos mediante el aparato estatal, cualquier aporte, aún el mínimo, reviste la potencialidad de abrir nuevos caminos en la investigación de la identidad de los responsables, el destino final de las víctima e incluso la ubicación de niños o niñas cuya identidad permanece sustraída. Descuento que se agotarán los recursos -continuó-, a fin de asegurarnos que hasta el último documento se encuentre a disposición de la investigación de los crímenes más graves que el ordenamiento jurídico prevé".