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El ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli se sentará nomás en el banquillo de los acusados durante el juicio oral y público que ayer el juez federal Francisco Miño promovió, de acuerdo con el pedido que había planteado el fiscal de Santa Fe, Walter Rodríguez. Será juzgado por los delitos de complicidad con el narcotráfico y amenazas contra la titular de la Asociación Madres Solidarias, Norma Castaño, quien había insistido en denunciar la connivencia policial con la comercialización de drogas. También se sentarán junto a Tognoli el policía Mauricio Otaduy y el presunto narcotraficante Daniel Mendoza.

Será el primer juicio oral contra un ex jefe de la fuerza de seguridad santafesina. Miño cerró la instrucción de la causa y la elevó a juicio, según difundió ayer el Ministerio Público de la Acusación desde su portal web. Lo hizo pese a que el procesamiento de Tognoli sigue apelado por su defensa, ya no ante la Cámara Federal, que convalidó el veredicto de primera instancia, sino en queja ante la Cámara de Casación, por parte de su abogado, Carlos Edwards.

El caso indaga las presuntas coacciones por parte del ex titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, y luego jefe de de la Policía de Santa Fe, el suboficial Otaduy y Mendoza.

Miño aceptó los argumentos del fiscal Rodríguez, quien consideró probado que el ex número uno de la fuerza provincial ayudó a eludir, al menos en dos oportunidades, las investigaciones judiciales por comercialización de estupefacientes, del cual tenía cabal conocimiento, con ánimo de lucro. El magistrado también rechazó el pedido de la defensa de Mendoza que había solicitado sobreseerlo.

En el escrito de 12 páginas, Miño elogió el trabajo de investigación del fiscal Rodríguez y citó las pruebas consideradas en el requerimiento de elevación a juicio. El juez federal afirmó que el fiscal para llegar a las conclusiones a las que arribó no ha merituado solamente el testimonio prestado por Castaño, sino un cúmulo de pruebas que le ha permitido establecer la responsabilidad penal de Mendoza en los hechos investigados y el pase de la causa para su juzgamiento oral y público.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación había afirmado que "ante un concreto requerimiento de informe formulado a la estructura policial provincial especializada en delitos vinculados al narcotráfico, el entonces director general Hugo Damián Tognoli informó sobre casos de menor cuantía (simple tenencia de estupefacientes para consumo personal), y omitió comunicar la existencia de investigaciones por infracción a la ley 23737 seguidas contra Daniel Francisco Mendoza".

Según el fiscal, "el efectivo conocimiento que Tognoli tenía de la existencia de investigaciones seguidas contra Mendoza se encuentra corroborado por los mensajes de texto de contenido intimidatorio que este último envió a Norma Castaño".

El juez Miño consideró que "esas amenazas materializadas bajo la forma de mensajes de texto han tenido la entidad suficiente que requiere el tipo penal de las coacciones para que su destinatario haga algo en contra de su voluntad". Infiere que, en ese caso, se procuraba que Castaño retirara las denuncias que había formulado ya contra Tognoli.

En el auto de elevación juicio, el magistrado destacó un fragmento del testimonio de la ex pareja de Mendoza, Sandra Rosa Miranda, quien declaró que "personal policial visitaba la vivienda de Colastiné en la que residía Mendoza y mantenían diálogos". Según el testimonio que también figura en el requerimiento del fiscal, Miranda declaró que "en una de esas reuniones que Mendoza tenía, este indicó a su interlocutor 'vos hablá con el de arriba'". La mujer recordó también que en otra ocasión "Mendoza mencionó a Pagano y Tognoli, que eran funcionarios policiales y que tenía presente los cambios en sus cargos".

En base a esas declaraciones, el fiscal había concluido que Mendoza conocía a los otros dos imputados. El juez coincidió con Rodríguez y afirmó que "entre ellos habría existido un accionar mancomunado para la comisión del delito de coacciones".