El proyecto con el que se pretende prohibir en toda la provincia la apertura y funcionamiento de los prostíbulos perdió estado parlamentario en el Senado pese a que Diputados lo había aprobado el año pasado y por unanimidad. Por eso ahora la Cámara baja volvió a darle media sanción y con el mismo consenso político. "Quizás no hubo mucho tiempo como para tratarlo, y además no hay más que una sola senadora mujer y eso es toda una señal. Quizás por eso cuesta más que comprendan la importancia de sancionar esta ley", entendió la diputada Alicia Gutiérrez, autora del proyecto.

Tal como tienen convenido en Diputados, todo proyecto que salió por unanimidad vuelve a ser ingresado al circuito legislativo con el mismo apoyo. Y así ocurrió el jueves pasado. Gutiérrez fundamentó que esta clase de establecimientos -encubiertos tras eufemismos como whiskerías, cabarets, boites, locales de alterne o clubes nocturnos- "abundan en distintas localidades de la provincia, facilitan el desarrollo del proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, que en su mayoría son de bajos recursos y muy vulnerables". Y puso el acento en la reapertura de los burdeles a poco de ser clausurados, incluso con nuevas habilitaciones municipales. "Es indispensable no sólo contar con el apoyo de los senadores para lograr la sanción definitiva de la ley, sino también con el compromiso de comunas y municipios para derogar las normativas que infringen sus disposiciones y garantizar su aplicación", reclamó Gutiérrez.

El proyecto había tenido media sanción de Diputados en 2012, y el gobernador Antonio Bonfatti, en la apertura del período legislativo 2013 pidió al Senado que lo tratara. No sucedió.

La legisladora provincial del partido SI se sirvió de cifras elaboradas por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, que actualizó ayer en diálogo con la presidenta de la Fundación María de los Angeles, Susana Trimarco, durante su visita a Santa Fe (ver aparte). "Casi el 90 por ciento de las mujeres víctimas de trata son rescatadas de estos locales, mientras que el 10 por ciento restante se localizan en departamentos privados", reseñó Gutiérrez.

La diputada añadió que "en los casos en los que hay explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, (los proxenetas) se quedan con el 50 o 60 por ciento de lo que recaudan. Cuando hay trata, no hay lugar para que la mujer pueda tomar ninguna decisión, porque están en situación de servidumbre", explicó. Ese contexto de explotación -añadió- inhibe o retarda la reacción de la víctima, quien no puede reconocerse como tal. "No hace falta que esté encadenada la mujer para descubrirse víctima de trata. Aquí también tallan las amenazas contra familiares, contra los hijos de estas mujeres", afirmó Gutiérrez, luego de conversar ayer con Trimarco.

La iniciativa que ahora regresará al Senado apunta a evitar la criminalización de las personas en situación de prostitución, "de las mujeres que día a día se ven obligadas a entregar sus cuerpos a cambio de dinero, que en su mayor parte va al proxeneta, sostenedor de este sistema que explota y trafica con seres humanos".

La propuesta prevé la clausura total y definitiva de los prostíbulos, y sanciones que van hasta los 60 días de arresto para quienes violen esa prohibición.

"Debemos lograr que las mujeres que así lo desean puedan tener una alternativa laboral frente a la prostitución, a la que se ven conducidas por sus condiciones de vida, marcadas por la pobreza y la exclusión social", señaló la autora del proyecto.

Consultada sobre la indiferencia exhibida en el Senado, la diputada Verónica Benas -co firmante del proyecto- suspiró: "Es uno de los tantos proyectos que sacamos por unanimidad y luego no prosperan allá. No es un problema político porque desde Diputados lo apoyan todos los bloques". Para Gutiérrez, "no hay más que una sola mujer en el Senado (Cristina Berra, PJ, departamento San Martín) y eso es una señal. Hace falta la presencia de mujeres, y con mirada de género, para comprender estos temas. Hoy eso no existe en el Senado".