Mientras en la Legislatura avanza un proceso para su destitución, el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, cuestionó algunos puntos del nuevo sistema procesal penal, a casi cuatro meses de su puesta en marcha, en febrero pasado. La incorporación de los juicios por jurado y "falta de cargos" proyectados por ley, fueron algunos de los temas a los que apuntó. "Mi obligación no es llevarme bien con el Poder Judicial y el Gobierno, sino poner sobre la mesa todas las situaciones de vulnerabilidad", señaló el titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Además, apuntó a una "caza de brujas encabezada por un sector del radicalismo. Aquél que me acusó hace más de ocho meses. El senador (Lisandro) Enrico dice que garantizo la impunidad en la provincia, cuando los que deben evitarla son los jueces y fiscales".

Ganón recordó que la Defensoría está llevando adelante recursos de habeas corpus por todos los detenidos en dependencias policiales y del Servicio Penitenciario de la provincia, por lo que se están realizando audiencias orales y públicas en diferentes lugares (Como Rosario y San Lorenzo) donde se ponen sobre la mesa las "falencias". "Luego de las recorridas en penales y seccionales, se hicieron la presentaciones. Creo que son el hecho más concreto de la tarea que estamos llevando adelante. Estas cosas son parte de lo que molesta. Estamos atendiendo las necesidades de muchísimas personas que están en estado de indefensión no sólo en el marco de los procesos penales, sino también por el derecho a la salud, situaciones de violencia y otras. El Estado santafesino está en deuda con esto", planteó.

Sobre los defensores, señaló que hay varios cargos pendientes. "En Santa Fe hay ocho y deberían ser 16; en Rosario, 20 y deben ser 32; en Reconquista hay uno solo; en Rafaela, dos", dijo, con números aproximados. Y agregó que "están trabajando muy bien, pero en una situación sumamente difícil en cuanto a las decisiones judiciales que se están tomando. Nosotros lo venimos cuestionando, porque se está decidiendo no en función de una prueba, sino de los relatos que hace la fiscalía durante las audiencias. Más que significar un avance, eso implica un retroceso. Que hoy los jueces estén tomando sus decisiones en función del relato del fiscal y que den por cierto esos dichos más allá de que haya o no un cuestionamiento del defensor, implica un problema. Se debe decidir en función de elementos fácticos. El juez forma su convicción en función de elementos de prueba. Tiene la obligación de pedir las pruebas, por eso después el mismo magistrado no puede participar del juicio".

-¿La Defensoría hizo algún planteo o queja en este sentido?, consultó Rosario/12.

-No quieren escuchar estas quejas porque es tapar el sol con la mano y no querer ver este avasallamiento a los derechos de las personas.

Para el defensor general, "la verdadera participación es a través del juicio por jurados. Es una de las patas esenciales del sistema acusatorio. El código de procesamiento que se aprobó durante el gobierno de Jorge Obeid establecía y obligaba a la Legislatura a implementar el juicio por jurado, de hecho hay un proyecto del diputado Leandro Busatto. Significaría cumplir con la constitucionalidad", dijo.

En cuanto a cargos superiores, señaló: "Tenemos serias dificultades con los nombramientos de la planta superior de la Defensoría. Concretamente, me refiero a la demora injustificada que está haciendo el Poder Ejecutivo de nombrar a los dos funcionarios que nosotros propusimos para la Secretaría de Política Institucional y la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional, que son dos funcionarios que ganaron un concurso legítimo y que son cuestionados por su ideología o posición política contrarias al Poder Ejecutivo, que son Enrique Font (ex titular de Seguridad en la provincial) y Juan Patricio Murray (ex fiscal federal de Rosario)", planteó.