Ocho sobrevivientes y ex detenidos de los hechos de Villa Constitución conocidos como "El Villazo" serán querellantes en la causa abierta por la Justicia Federal rosarina para investigar aquel "gigantesco operativo" de 1975. Agustín Reinaldo Luna, Cástulo Bogado, Juan Actis, Alberto Piccinini, Zenón Sánchez, Miguel Alberto Simonovich, Roberto Justo Martínez y Victorio Dante Paulón ya son parte del expediente "N.N. s/homicidio agravado p/el concurso de dos o más personas" Nº FRO 13174/2013, representados por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. De esa manera, se sumaron a la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), constituida en diciembre del año pasado. El terror comenzó en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975, en el cordón industrial y los alrededores, cuando "se marcó un quiebre en la historia del movimiento obrero argentino", según expresaron desde APDH. Es que a las 4 de la madrugada, la ciudad amaneció con una invasión armada, en busca de varios directivos, miembros de comisión o delegados de base, y hubo más de un centenar de detenciones aquel día. Para la organización, "fue un ensayo de lo que sobrevendría un año después a escala nacional".

El 26 de julio de 2013, los sobrevivientes de la represión en Villa Constitución se presentaron ante el fiscal Gonzalo Stara, titular de la Unidad de Derechos Humanos, para solicitarle que se investigaran las responsabilidades penales de aquellos aberrantes sucesos, cuando la ciudad fue ocupada por fuerzas de seguridad contra los operarios metalúrgicos organizados por la sindicalización. La presentación del fiscal Stara al juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, para que se abriera la causa, planteó el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. Allí relató Stara cómo "el plan sistemático de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura, no comenzó su operatoria el día 24 de marzo de 1976, sino que para ese período el ensayo y las prácticas se consideraron finalizadas y se cristalizó el modelo que seguiría hasta finales de 1983". Y agregó que los hechos "constituyen delitos del derecho penal internacional que por su gravedad, repugnan a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana". Poco después, Bailaque abrió la causa y le delegó la instrucción a Stara, quien está en plena etapa de recolección de pruebas testimoniales y documentales.

"Ellos, los sobrevivientes ahora querellantes, son el motor de esta causa", destacó Durruty, en diálogo con Rosario/12. Además, señaló que días atrás ofrecieron nuevas testimoniales; y que tras una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, la provincia entregó prueba documental: diarios de la época y documentos de inteligencia de la policía, con datos personales de los protagonistas del Villazo. "Hasta ahora, el único relato que la Justicia tiene de los hechos del Villazo apunta a mostrar a las víctimas como victimarios, porque lo que se hacía en aquel momento era enjuiciarlos con causas ficticias por las leyes antisubversivas de la época. Debe haber un relato judicial acorde a lo que realmente pasó", dijo la letrada.

Por su parte, el fiscal Stara habló de la importancia de que los propios sobrevivientes sean parte de la causa que investiga los hechos en los que fueron víctimas. "Son los que más contacto tienen con todo lo que pasó y muchas veces están en mejores condiciones que la Fiscalía para conocer hechos. En ese sentido, siempre es más beneficioso contar con el aporte del querellante", destacó. En tanto, señaló que las declaraciones que se están tomando en el marco del expediente tienen que ver con "acreditar hechos que ya fueron denunciados por los sobrevivientes que fueron detenidos en aquel momento. Contamos también con testimonios de concepto y contexto de historiadores o personas que investigaron las situaciones de aquellos días". Muchos de los testimonios son de personas secuestradas en el albergue de solteros que estaba dentro de Acindar, donde vivían al principio aquellos obreros. En los momentos de la represión se transformó en lugar de detención, según describen varios relatos.

Norma Ríos, vicepresidenta de la APDH nacional, consideró que la aceptación de la querella es "un reconocimiento del Estado a estas personas en su calidad de víctimas. Es importantísimo, porque a nosotros ellos nos pidieron que fuéramos querellantes, y también debían ser parte porque nosotros sin ellos no seríamos nada", dijo.

Para los investigadores, se trató de "un operativo gigantesco", aunque aún no está determinado el número de personas que podrían llegar a juicio. Si bien prefieren hablar de líneas de investigación, hace tiempo se habla de que entre los acusados aparecen el directorio de Acindar, policías intervinientes y el Destacamento de Inteligencia 121. También personal jerárquico directamente mencionado por los sobrevivientes, y ex empleados que eran detenidos por represores. También hay prueba documental de las detenciones, por las causas que se abrían contra los detenidos.

En la causa, hay un pedido de inhibitoria al juez nacional en lo Criminal y Correccional nº 5, Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo una investigación por los mismos hechos denunciados por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. La solicitud fue presentada por la Unidad de Asistencia de Coordinación para causas por violaciones de DDHH, a cargo de Stara, y en la primera mitad de este año Bailaque se declaró competente, pero aún se espera una respuesta de Oyarbide. El objetivo es que el juez nacional remita las actuaciones a Rosario, donde consideran que corresponde por la cercanía con el lugar de los hechos.