Desde Santa Fe

El defensor provincial Gabriel Ganón denunció en la Legislatura al fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, por haber ordenado "sin la intervención de un juez" el "desalojo forzoso" de decenas de personas, en su mayoría mujeres y niños, que ocupaban un predio en la zona sur de Rosario. Baclini dijo que el procedimiento fue "pacífico", pero los vecinos denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia una "represión violenta" que comenzó con golpes y amenazas, siguió con "el incendio de viviendas precarias" y terminó con un ataque "con balas de goma". Ganón intervino ante "los múltiples delitos de acción pública cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial" involucrados en el operativo ﷓dijo﷓, anotó el caso en el "Registro de Torturas, Abuso Policial y Malas Prácticas Judiciales", que tiene a su cargo. Y mandó los antecedentes al fiscal general Julio de Olazábal y a dos comisiones de la Legislatura "a los fines que estime corresponder".

El hecho ocurrió el 8 de agosto en un predio de Ovidio Lagos al 7200, barrio Buena Nueva, camino viejo a Soldini, que había sido ocupado dos semanas antes, el 21 julio. La toma involucró a 450 familias que no tienen vivienda propia. Las primeras denuncias fueron públicas. "Nos sacaron por la fuerza y quemaron lo poco que teníamos", dijo uno de los vecinos. "Tenía el ranchito armado y le prendieron fuego. No me dieron tiempo a sacar nada", se lamentó otro. Una mujer agregó: "No hacía falta tanta represión".

Ganón actuó de oficio. A su pedido, el defensor general Rosario, Gustavo Franceschetti solicitó informes a Baclini por el "desalojo forzoso". Le preguntó si era cierto que el operativo había sido realizado por funcionarios de la Municipalidad de Rosario, "resguardados" por efectivos de la Policía y la Gendarmería "luego de recibir una orden judicial" y si en el lugar habían estado "los fiscales a cargo de la medida".

Franceschetti le aclaró a Baclini que había consultado antes con el director de la Oficina de Gestión Judicial, quien le informó que "no hay registros de que se hubiera llevado a cabo una audiencia para obtener el cese provisorio del estado antijurídico, ni que un juez haya librado orden de el desalojo". Y le planteó que el predio "habría sido usurpado doce días antes del desalojo" y que la TV registró imágenes de "viviendas precarias prendidas fuego por fuerzas de seguridad".

Baclini le contestó que la orden la había dado él. "Desde la Fiscalía se decidió actuar" -dijo- para "restituir" el predio a sus dueños "despejado de objetos y personas extraños al lugar (sic)". Y aclaró que "el procedimiento se llevó adelante" de "manera pacífica, no forzada" y "con la presencia de fiscales", a los que no mencionó, aunque los vecinos señalaron a los fiscales de Flagrancia, David Carizza y Silvia Castelli.

Según Baclini, el desalojo comenzó a las 7, cuando en el terreno "no había más de 10 personas", aunque después "se advirtió el arribo de un grupo mayor" de vecinos, a quienes "no se les permitió ingresar al lugar" y "se retiraron".

Sin embargo, los vecinos denunciaron la represión ante la Secretaría de Derechos Humanos y apuntaron como el responsable del operativo al "jefe de la seccional 33ª" de Rosario, quien les dijo que tenía una supuesta "orden de desalojo" que "ninguna familia pudo ver".

A las 6.45 --dijeron los vecinos-- comenzaron a reprimir "a la gente que habitaba (las casillas) despertándola, a patadas" y con amenazas de que "pasarían la topadora". "Quemaron las pertenencias, colchones y sábanas", "tumbaron las casillas", sin dar tiempo a los ocupantes a retirar sus cosas y "sustrajeron las herramientas de trabajo", a las que consideraban "evidencias de armas blancas" (sic)", dice la denuncia que fue acompañada por 110 firmas.

Ante "el accionar de los uniformados" y "la falta de respeto" y el "miedo de que les pasara algo a sus hijos", los vecinos decidieron "salir pacíficamente para evitar un enfrentamiento" con la policía.

Pero a las 14.30, "empezó una balacera con balas de goma contra nosotros". "Muchos recibieron el impacto de las balas" y "ante semejante hecho la gente reaccionó para defenderse. Ellos lograron lo que querían que era provocar nuestra ira".

Más tarde, "tres móviles pasaron a velocidad por las calles que rodean al predio, haciendo gestos a la gente, apuntando y volvieron a tirar al aire. Los disparos siguieron hasta las 18", dice la denuncia.

Franceschetti remitió a Ganón el informe de Baclini y una copia de la denuncia de los vecinos que aportó el subsecretario de Derechos Humanos, Ramón Verón. "De la información recabada surge que se llevó a cabo un desalojo forzoso de un importante número de personas, incluyendo menores de edad, con la sola orden de un fiscal y sin intervención de un juez", dijo Franceschetti.

Ganón resolvió entonces incluir el caso en el Registro Provincial de torturas, abuso policial y malas prácticas judiciales y mandó los antecedentes al fiscal De Olazábal, al presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Eduardo Toniolli y al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Avelino Lago, que interviene en el proceso de remoción de funcionarios "a los fines que estime corresponder", concluyó.