Desde Santa Fe

La Legislatura reaccionó ante la deportación de pobres en la provincia. La Cámara de Diputados y el Senado le pidieron explicaciones a los intendentes radicales de Santa Fe, José Corral, y de Coronda, Cristian Bortolotto, por el "traslado compulsivo" de 18 personas en situación de calle, en su mayoría mujeres y niños, que primero fueron llevadas en vehículos de mudanzas a Coronda y luego devueltas a Santa Fe. "Un hecho de gravedad institucional que afecta a la democracia", lo calificó el diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, autor de uno de los pedidos de informes. "Un acto de deshumanización" comparable con "los métodos que usaba la dictadura", advirtió el senador Danilo Capitani (PJ-Coronda), autor del otro proyecto.

Las dos Cámaras votaron esta semana casi en simultáneo -y sobre tablas- sendos pedidos de informes para que Corral y Bortolotto expliquen sus conductas en un caso que, según Capitani, "hay que investigar hasta las últimas consecuencias".

El incidente ocurrió el viernes pasado, cuando 18 personas que vivían en el predio de la estación Belgrano en "situación de vulnerabilidad social" fueron trasladadas a Coronda, en un operativo que involucró a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de Santa Fe. Sin embargo, ya en Coronda, Bortolotto buscó el auxilio de la Policía santafesina y mandó las familias de vuelta a Santa Fe. "Vinieron con vehículos contratados de mudanza y los tuvimos que acompañar para que se retiraran de Coronda", explicó.

En el debate en Diputados, Busatto dijo que se trata de "un hecho de gravedad institucional que afecta a la democracia". Y explicó cómo opera la guardia de choque que actúa bajo las órdenes de Corral. "Son 18 personas que por falta de vivienda y condiciones dignas vivían en el predio de la estación Belgrano. Un jefe de la GSI, identificado por estas familias, se acercó a ellas y antes de la inauguración de la Feria del Libro, les ofreció aparentemente 10.000 pesos para que se retiraran del lugar".

"Estas 18 personas urgidas por sus necesidades, tomaron el dinero y fueron trasladadas en vehículos de mudanzas a Coronda, donde el intendente (Bortolotto) y las fuerzas de seguridad las conminaron para que volvieran a Santa Fe y así lo hicieron", relató el legislador. "Ya cuando estaban de regreso en Santa Fe, efectivos de la GSI volvieron a intervenir sobre estas familias: les exigieron la devolución de parte de la plata que les habían dado, que serían 5.800 pesos de los 10.000 que les habían entregado para el traslado".

"Este es un hecho de extrema gravedad que demanda la atención" de la provincia ante "un exabrupto institucional" de dos intendentes "nunca visto en democracia", planteó Busatto. "Sorprende cómo funcionarios estatales llevaron a cabo estas acciones degradantes para la naturaleza humana", agregó.

Busatto denunció la política de Corral en Santa Fe, "donde lejos de combatir a la pobreza, se combate a los pobres. El municipio no se hace cargo de los problemas de la indigencia y la pobreza, y trata de taparlos debajo de la alfombra", agregó. "Es una concepción que se repite, hay un deterioro de lo público a favor de lo privado y un intento sistemático de tapar los problemas de la sociedad que son muchísimos".

Las críticas apuntaron también al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz. "Estoy sorprendido", insistió Busatto. Porque "hemos visto" a Coutaz "hacer pomposos dictámenes sobre supuestas discriminación a funcionarios públicos por el uso de las redes sociales y no hubo ningún pronunciamiento ante semejante acto aberrante", agregó. Una clara referencia al dictamen a favor del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, por una supuesta "discriminación" del defensor provincial, Gabriel Ganón.

El hecho tiene otro agravante. Las familias que padecieron esta situación fueron trasladadas desde la estación Belgrano, horas antes de la apertura de la Feria del Libro en ese mismo predio de la capital provincial. "La inclusión social y la lucha contra la pobreza deben ser banderas irrenunciables de cualquier gobierno. La provincia debe actuar pronta y eficazmente para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse", concluyó Busatto.