El gobierno provincial promulgó la ley Nº 13.455 que declara de interés general y dispone la expropiación de la quinta La Calamita, ex centro clandestino de detención, ubicado en la zona rural de Granadero Baigorria. La ley, impulsada por la diputada Alicia Gutiérrez y sancionada por la Legislatura, dispone que los terrenos identificados como lote 9 b, que cuenta con una superficie de ocho hectáreas; y 9 a, de dos hectáreas, sean expropiados y destinados al Museo de la Memoria. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, apuntaron que "a partir de ahora comienza un proceso orientado a la preservación del predio y su señalización como sitio de memoria. Desde esa perspectiva se trabaja en conjunto con organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Granadero Baigorria y autoridades nacionales".

La quinta --y no la tercera-- fue la vencida en este caso. Tras sucesivas y dolorosas derrotas a lo largo de once años en el ámbito legislativo de la provincia, el proyecto tuvo luz verde en Diputados y Senadores. Lo celebraron los organismos de derechos humanos de la región y rápidamente el vicegobernador Jorge Henn se ofreció a disponer de todos los elementos del Estado posibles para cumplir con el proceso de promulgación. Incluso, se presentó en la localidad, donde se reunió con autoridades locales y los referentes de la organización Documenta Baigorria, para entregarles una copia de la ley.

La Calamita fue uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Allí, más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Actualmente, el terreno es propiedad de la familia Benzadon, que no permite el ingreso al casco. Documento Baigorria eligió, en este proceso, entrar en contacto poco y nada con los propietarios, por el trato hostil que han tenido históricamente para con los organismos.

Entonces, aguardaron que la Provincia avanzara formalmente con la promulgación, que firmó en las últimas horas el gobernador Antonio Bonfatti. El mes pasado, María Celia Fernández, referente de la agrupación local, informó a Rosario/12 que una vez que el Ejecutivo promulgara la ley ellos pedirían que el Equipo Argentino de Antropología Forense analice el predio. "Eso es lo primero que hay que hacer, ni bien se logre la expropiación, la justicia tiene que determinar que acá se investigue, todavía no se ha investigado el terreno. Si hay gente enterrada, no lo sabemos", manifestó, junto a Henn. En ese sentido, desde la Secretaría de Derechos Humanos consignaron que sobre el lugar "pesa una medida cautelar de la justicia federal para que se hagan excavaciones por posibles enterramientos clandestinos".

Desde la Provincia, a su vez, se apuntó que el objetivo es "señalizar en distintos puntos del territorio sitios de memoria, con el objetivo de referenciar un lugar de reflexión y transmisión de nuestro pasado reciente, y para avanzar en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos". En 2013, Bonfatti estableció por decreto declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante la última dictadura militar.