SANTA FE › EN EL GOBIERNO LO ATRIBUYEN A QUE SE ESTáN "DESTAPANDO OLLAS"
El Ministerio de Seguridad encontró al Panadero Ochoa y a otros reos en la comisaría de Arroyo Seco con privilegios como aire acondicionado, heladera y TV. El abogado del barra dijo que el gobierno lo sabía de antes y no hizo nada.
Las condiciones singulares de detención de tres detenidos en la comisaría 27ª, en Arroyo Seco, dominaron la agenda periodística durante la jornada de ayer, sobre todo porque uno de esos reclusos es Diego "Panadero" Ochoa, el líder de la barra de Newells, involucrado en el asesinato de su antecesor, Roberto "Pimpi" Camino. La revelación surgió a partir de una inspección realizada por la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad, que constató la presencia de los tres detenidos en una oficina de la seccional, ambientada para su alojamiento en boxes individuales con camas, televisor, aire acondicionado, cafetera y pava eléctrica, y heladera propia. Suficiente para que el Ministerio ordenara el relevo del inspector de zona, Daniel Villanoa, y del jefe de la comisaría, Cristian Moya.
El responsable político de la inspección, Ignacio del Vecchio, la encuadró como una muestra de que el gobierno está "destapando la olla tras varios años en los que no se hizo nada en el control de la policía". Sin embargo, el abogado de Ochoa, Ignacio Carbone, se declaró sorprendido: "En el propio Ministerio de Seguridad sabían por lo menos desde diciembre la situación de mi cliente en esa comisaría, cuando hicieron una inspección ocular y está todo documentado por escrito y con fotos en el expediente. La jueza (Mónica Lamperti) también lo sabe desde entonces", afirmó el penalista.
Personal de la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad, a cargo de Del Vecchio, inspeccionó el lunes la comisaría 27ª, y encontró en una dependencia originalmente destinada a oficina que allí estaban alojados Ochoa y otros dos detenidos. Uno de ellos es Mauro Quebertoque, acusado de asesinar a Eugenio Badaloni en diciembre de 2013 en San Juan y Entre Ríos, a la salida de un boliche. El muchacho es hijo de Luis Quebertoque, uno de los oficiales de la División Judiciales involucrados en el facilitamiento de fuga de Juan Domingo Ramírez, vinculado a la banda Los Monos, cuando el año pasado escapó de la sede de la Unidad Regional II.
La comisaría 27ª es el destino histórico en la Unidad Regional II para los encausados por delitos de índole sexual. Ni Ochoa ni Quebertoque están en esa situación.
Según confirmó el fiscal de Delitos en Flagrancia Guillermo Apanowicz, los detenidos contaban con un nivel de confort ajeno al grueso de las personas detenidas, tanto en unidades penitenciarias como seccionales policiales. Ayer, cuando la prensa recorrió la comisaría, quien abrió una de las puertas fue un detenido, recluido allí hace cinco años por una condena por violación.
"Hay muchos policías corruptos, pero la gran mayoría está por la buena senda. Lo que pasa que estamos recién destapando la olla de varios años que realmente no se hizo nada en el control de la policía", dijo Del Vecchio ayer por LT3, pero no se atrevió a aseverar que en el caso de la 27ª haya habido una coima de por medio para que los reclusos accedieran a esos privilegios.
"A nosotros no nos gusta esconder la basura debajo de la alfombra, sino limpiarla para que la casa esté cada día mejor", proclamó. "Es muy preocupante que existen cárceles VIP a personas que están condenadas. Cuando se dan este tipo de cuestiones, hay que pedir el pase a disponibilidad e iniciar un sumario con pedido de destitución", añadió.
El defensor de Ochoa, Ignacio Carbone, se mostró sorprendido por la situación y desestimó que haya sido "un descubrimiento". "El gobierno hace rato que quiere sacar a mi cliente de esa comisaría, argumentan que hay refacciones edilicias. Lo cierto es que el año pasado hubo un allanamiento allí y no se encontraron con nada excepcional, y en diciembre pasado se hizo un informe detallado a pedido del Ministerio de Seguridad, se documentó todo y está con fotos en el expediente. Y en ese entonces nadie objetó nada. La jueza Lamperti dijo que Ochoa permanezca allí", afirmó el abogado.
El hombre señalado como el presunto autor intelectual del crimen de Camino ocurrido en 2010 lleva recluido en la 27ª desde agosto del año pasado, por su seguridad. Habiendo estado involucrado en el intento de homicidio de Matías Pera otro miembro de la barra de Newells y del intento y el asesinato de Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, Ochoa teme que en otro penal su vida corra peligro. No obstante, la Justicia ya lo desvinculó de esas causas, pero sigue imputado en el caso del Pimpi Camino.
"Ochoa ha sido injustamente imputado, por eso fue desprocesado, y ahora amerita que recupere su libertad, cosa que pediremos posiblemente en febrero, después de la feria", anticipó Carbone.
El letrado negó que su cliente le confiara haber pactado sobornos con el personal policial para mejorar sus condiciones de detención. Por otra parte, sostuvo que "está en ese lugar porque no hay un penal como en otras comisarías, porque están en refacciones". Opinó que "una heladera, un televisor no es nada extraordinario ni VIP. Tienen derecho a tener un lugar para guardar alimentos, también algo para recreación. Lo del aire acondicionado no me consta". Aunque aceptó que la mayoría de los detenidos no goza de esos derechos.
Para Del Vecchio no: "Televisores, aires acondicionados, son cosas distintas a lo que es una celda. Esto no se puede hacer sin el jefe de la seccional o el inspector de zona. Ellos tienen que controlar las penitenciarías que están a su cargo. Evidentemente acá no lo hicieron o hicieron oídos sordos", dijo el funcionario provincial.
Por su parte, Carbone concluyó: "Todos sabían de esto y nadie se opuso en ese momento, no se porqué lo hacen ahora. Quizás estén poniendo argumentos para hacer esos traslados".
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