Desde Santa Fe

El dueño de Bolsafe Valores, Mario Rossini, procesado por una estafa en gran escala, deberá volver a la cárcel de Las Flores. La Cámara Nacional de Casación Penal (Sala I) dejó sin efecto la prisión domiciliaria del operador financiero al revocar un fallo de la Cámara Federal de Rosario (Sala B) que le había concedido el beneficio hace ocho meses, en junio del año pasado, "sin ningún fundamento de ley". La resolución le da la razón al fiscal general Claudio Palacín y al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella que impugnaron la vuelta a casa del empresario porque "se sustenta en la sola voluntad" de los tres camaristas que la decidieron: José Toledo, Elida Vidal y Edgardo Bello. "Los fiscales demostraron acabadamente que la decisión de la Cámara no encuentra fundada en ningún supuesto que legalmente autorice el arresto domiciliario de Rossini y ha prescindido de las constancias reunidas en la causa", dice el voto de la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa. Sus colegas Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral, coincidieron.

Rossini está preso desde diciembre de 2012. El 20 de octubre último, el juez federal Francisco Miño lo procesó por supuesta "defraudación por administración fraudulenta" y "captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores", ordenó su prisión preventiva y le trabó un embargo por 20 millones de pesos. La causa investiga el despojo a más de 400 inversores y están imputados otros nueve operadores, entre ellos tres vicepresidentes de Bolsafe, Omar Rossini, Flavia Sánchez y Mercedes Leiva como presuntos "coautores".

Ya en enero de 2014, Rossini pidió la prisión domiciliaria por razones de salud. En abril, el fiscal Walter Rodríguez la rechazó porque "no estaban dadas las condiciones requeridas" por la ley y el empresario tenía "una adecuada y permanente atención especializada" en Las Flores. El juez Miño rechazó el pedido, pero la defensa recurrió a la Cámara de Rosario que le concedió el arresto domiciliario el 30 de junio. El primer voto del juez Toledo valoró los informes de la propia psicoterapeuta de Rossini, María Susana Saux y de una Junta Especial de Salud Mental, que dictaminaron que el empresario tenía un cuadro de "angustia y tristeza" y "crisis de llanto". Sus colegas Vidal y Bello adhirieron a los "fundamentos".

Los fiscales Palacín y Gonella impugnaron el fallo por "arbitrario" al considerar que había beneficiado a Rossini "sin siquiera encuadrar" su caso en las "causales previstas en la ley" y sin "ninguna prueba". Y hasta plantearon su "gravedad institucional", pues "compromete la administración de justicia al afectar la forma de aplicación de la ley".

Según los fiscales, el beneficio concedido a Rossini se "sustenta en la sola voluntad de los jueces" que lo concedieron. "La pericia médica que exige la ley resulta contundente en cuanto a dos cuestiones fundamentales: que Rossini viene realizando terapia psicológica desde su ingreso al penal, y que cuenta con una adecuada y permanente atención personalizada", explicaron.

La Cámara de Casación les dio la razón. El juez Gemignani consideró que "no están dadas las condiciones para que Rossini acceda al beneficio de la prisión domiciliaria, por no encuadrar su situación en ninguno de los supuestos previstos" por la ley, dijo. Lo mismo habían planteado el fiscal Rodríguez y luego Palacín y Gonella.

La jueza Figueroa coincidió. "Los fiscales han demostrado acabadamente que la decisión de la Cámara no se encuentra fundada en ningún supuesto legal" que autorice el arresto domiciliario de Rossini y "ha prescindido de las constancias reunidas en la causa", planteó. "El informe médico elaborado respecto de Rossini determinó que éste se encuentra realizando terapia psicológica y cuenta en la unidad carcelaria con una adecuada y permanente atención personalizada. Y el médico informa acerca del buen estado de saludo general", Por lo tanto, "el arresto domiciliario concedido no encuentra fundamentos en los informes médicos, y en consecuencia, no encuadra en los supuestos que prevé la legislación vigente", concluyó Figueroa.

Los fiscales habían dicho que la decisión de los camaristas rosarinos lesionaba el principio de "igualdad" ante la ley. Y se preguntaron: "¿Quién podría sostener sin sonrojarse, a la luz de la percepción que la sociedad tiene acerca de la eficacia de nuestro sistema judicial de investigar, juzgar y aplicar las normas acerca de la prisión preventiva y de la ejecución de las penas, que no es cierto que los imputados por 'delitos de cuello blanco o guante blanco' gozan de privilegios especiales sobre o a diferencia del resto de las personas encarceladas?".