Desde Santa Fe

El líder de Apropol Alberto Martínez cerró ayer la ronda de indagatorias en una causa que investiga el alzamiento de diciembre de 2013 y en la que está imputado por supuesta "instigación a cometer delitos". Antes de la feria, el juez federal Reinaldo Rodríguez ya había indagado a otros cinco policías en actividad por presunta "sedición". Martínez negó los cargos: "La verdad que a mi me llama la atención que un gobernador se amedrente por dos o tres mensaje de textos de una persona a la que él conoce". "Esta es una cuestión política", dijo y se consideró víctima de una "persecución judicial".

Las indagatorias arrancaron el 10 de diciembre último con el suboficial Claudio Marcelo Patiño, quien también negó los hechos, aunque admitió su pertenencia al grupo de autoconvocados, al que le apunta el fiscal federal Walter Rodríguez, que investigó la causa. Posteriormente, declararon los suboficiales Oscar Aguirres y Mauricio Miguel Pagani, el agente Alejandro Zamaro y el oficial Fabricio Abasto.

Martínez estaba citado para el 18 de diciembre, pero a pedido de su defensa, su declaración se postergó hasta ayer. Lo acompañó su abogado, Romeo Díaz Duarte. "Venimos a ponernos a disposición de la justicia, como hemos estado siempre", dijo antes de entrar al tribunal. "Esto no ha sido un delito, hemos llegado a un punto lamentable de la realidad que el derecho de huelga se confunde con una sedición. Y así estamos perdiendo valores que van en contra de los sectores sociales, en este caso de los trabajadores. Legítimamente hemos peticionado ante las autoridades y habida cuenta de los resultados, creo que teníamos razón. Eso no lo ha discutido ni siquiera el gobierno. Se ha ido mejorando la situación salarial y las condiciones de trabajo y hoy se está en un período de calma, ya hay una mesa de diálogo. Así que venimos a tratar de cerrar este capítulo judicial al que nunca se debería haber llegado. Porque esto es una cuestión política", agregó.

Martínez defendió a sus colegas imputados en la causa. "Son dirigentes gremiales y sociales, personas respetables a las que se le debe reconocer un servicio en función del bien común", explicó.

Ante una pregunta, atribuyó la crisis de diciembre a la "obstinación del gobierno" de Antonio Bonfatti, a su "falta de previsión y a un desapego a cualquier norma de prevención". "Esto se veía venir, nosotros se lo adelantamos", afirmó. Y dijo que la protesta policial fue "el ejercicio del derecho de huelga. No hay delito, porque el que ejerce un derecho no comete un delito, dentro de los límites fijados por la ley. No hemos tenido ningún tipo de participación en ningún delito, esto es lo que le dijimos al juez y al fiscal".

En esa línea, Martínez se consideró víctima de "una persecución política orquestada desde sectores del gobierno nacional". "Y en esto tiene que ver el gobierno provincial que es socio del gobierno nacional en muchos aspectos, como uno puede ver a diario, en muchas cosas". "Nosotros estamos pagando las consecuencias de eso. No somos los únicos. Hay persecución política a otros sectores, orquestada por los mismos grupos políticos", insistió.

¿Usted le mandó mensajes de textos al gobernador? le preguntó una colega, en referencia a SMS que se investigan en otra causa en el fuero ordinario que el fiscal pretende acumular a la de sedición.

Yo conozco al gobernador Bonfatti desde que era secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y tenía intercambios, charlas, reuniones. El me facilitó su teléfono y yo le mandaba regularmente, no todos los días, pero sí periódicamente, algún mensaje. En ese momento (diciembre de 2013), le reclamé el pago de un sueldo digno (a los policías) y hasta ahí es la historia. Si él se sintió amedrentado... La verdad que a mi me llama la atención que un gobernador se amedrente por dos o tres mensaje de textos de una persona a la que él conoce y es un dirigente sindical como es mi caso contestó Martínez.