Desde Santa Fe

El Frente Santa Fe Federal que postuló a Carlos Reutemann en las elecciones legislativas de 2009, en las que renovó su banca y la de su colega Roxana Latorre en el Senado de la Nación deberá explicar el origen de los fondos de la campaña ante la justicia. El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, citó a una audiencia para el 26 de marzo al "responsable económico financiero" de la alianza, Humberto Martínez, para informarle "el hecho que se le imputa" y "las pruebas que existen en su contra", lo que significa que debería designar abogado defensor. La causa investiga "la falta de acreditación del origen y/o destino" de los aportes y descubrió que varias contribuciones fueron realizadas por empresas contratistas del Estado, lo que está prohibido por la ley por ser "concesionarias de servicios y obras públicas", dice el dictamen fiscal. La misma imputación pesa en otro expediente sobre aportes de campaña al socialismo, en los comicios de 2007.

En 2009, después del conflicto del gobierno nacional con las patronales agropecuarias, Reutemann ganó las elecciones en la provincia con un frente electoral que integraban el Partido Conservador Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Demócrata Cristiano. Santa Fe Federal logró dos bancas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados de la Nación.

Seis años después, el frente que postuló a Lole deberá dar explicaciones ante la justicia sobre el "origen" de los fondos de aquella campaña. El primer citado será el responsable económico financiero, Heriberto Martínez, a quien el fiscal Rodríguez convocó para el 26 de marzo, en su despacho, para informarle "el hecho que se le imputa" y "cuáles son las pruebas existentes en su contra". La causa investiga "la falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña".

Entre otras cosas, el fiscal descubrió que Reutemann recibió "aportes privados que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley: 'la aceptación y recibimiento de contribuciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales". Y mencionó los "aportes" que realizaron dos empresarios: Carlos Capisano (secretario de la Federación Industrial de Santa Fe y directivo de la Unión Industrial Argentina y Carlos Galán (ya fallecido y también ex dirigente de la UIA).

Según el fiscal, Reutemann recibió aportes de la Fundación Isalud, "la cual podría tener restricciones a la capacidad de realizar aportes a agrupaciones políticas, por su objeto social", dice el dictamen. Más, fondos del Banco Hipotecario, la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y de las empresas Continental Transporte Público Automotor SA, INELCO S.A, Italgas SA, La Veloz del Norte SA, Laromet SA, Obring SA, Servicios Portuarios SA, Terminal 6 SA, y Werk Constructora SA. Todas estas empresas, de acuerdo a la ley, tendrían prohibido contribuir al financiamiento de agrupaciones políticas por ser concesionarias de servicios u obras públicas.

Una auditoría contable que se realizó en Santa Fe Federal detectó "operaciones que no se encuentran incluidas en el informe final" que el frente presentó ante la justicia. Básicamente se trata de publicidades en distintos medios de comunicación que superaron, en ese entonces, los 550 mil pesos. El fiscal explicó que "existen diferencias entre ciertos gastos de publicidad incluidos en el informe final presentado, y los informados por la empresa auditora de medios, y el correspondiente medio televisivo".

Por último, Rodríguez señaló que Santa Fe Federal no habría incluido en el informe gastos efectuados en concepto de publicidad en la vía pública, por más de 117 mil pesos.