Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe comenzó a escuchar ayer los alegatos en el juicio por el asesinato de Silvia Suppo. La Fiscalía y las dos querellas solicitaron la máxima pena de prisión perpetua para los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, por "homicidio ejecutado con alevosía". Fue la única coincidencia porque después discreparon hasta en el móvil del crimen. El fiscal Martín Suárez Faisal dio por probado que a Silvia la mataron para robarle, aunque no descartó la hipótesis política. Mientras que los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné insistieron que la mataron para hacerla callar, denunciaron la "trama del encubrimiento" y pidieron que se investigue al juez de Rafaela que instruyó la causa, Alejandro Mognaschi, a la ex fiscal Cristina Fortunato (ascendida a jueza en 2014) y a más de 25 policías que intervinieron en el expediente, entre ellos el ex jefe de la Unidad Regional V, Juan José Mondino y el ex subjefe, Leandro Amaya. Su colega de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucía Tejera, planteó que esa investigación debería avanzar también sobre "la responsabilidad institucional de la Policía de la provincia". El debate seguirá el viernes con el alegato del defensor oficial Martín Gesino.

El juicio se reanudó alrededor de las 9.30 después de que le dieran "el alta médica y quirúrgica" a Cóceres, quien el viernes se tragó "dos clavos y un feite" y obligó a suspender la audiencia. La presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, preguntó si el recién llegado quería ampliar su indagatoria. "No desea declarar, mantiene su situación de temor", le respondió Gesino. Vella le repitió la misma pregunta a Cóceres y recibió la misma negativa. "Aún tienen la posibilidad de las últimas palabras", agregó el defensor.

La primera en alegar fue Puyol, quien repasó los hechos que destapó el juicio. "El pésimo accionar de la Policía, su falta de cuidado frente a la escena del crimen que significó la pérdida definitiva de pruebas y la obstrucción para descubrir la verdad y sus responsables", denunció la abogada. "Quedó en evidencia que la Policía de Santa Fe no respeta los procedimientos, no aportó absolutamente nada en este juicio, no es democrática, no tiene compromiso con la justicia y obstaculizó el descubrimiento de la verdad y sus responsables. ¿Fue con intención o por negligencia?", se preguntó Puyol. "Aún no lo sabemos porque no tuvimos la oportunidad de una investigación completa. Silvia no tuvo esa oportunidad, la justicia no se la dio".

La querella descartó que el móvil del crimen sea el robo. Si bien Munné aceptó que Sosa y Cóceres son "los autores materiales del homicidio de Suppo", dijo que "la mecánica de los hechos y el móvil" no son los que ellos confesaron. "Ese relato tiene que ser examinado críticamente. Resulta incomprensible que se tenga como fuente de verdad luminosa los dichos de quienes tienen responsabilidad en el homicidio de Silvia. Ella nunca creyó en el relato de sus torturadores, violadores y asesinos sobre los cuales reclamó una investigación efectiva a lo largo de su vida. Nosotros tampoco le creemos", agregó.

Las pruebas de la causa desmienten que "el móvil sea el robo y que ellos sean los únicos partícipes del homicidio", planteó Munné. "Es un relato absurdo que Sosa y Cóceres hayan decidido asesinar a Silvia por el temor a que los reconozca y a la vez sostener que eligieron para robar el negocio frente al cual trabajaba Sosa. Lo hicieron a cara descubierta" y antes ingresaron para asegurarse que estuviera sola con la excusa de pedirle cambio, dos pesos en moneda. "Si hubieran tenido temor a ser reconocidos habrían elegido otra víctima. Nunca tuvieron temor a ser reconocidos porque participaron de un ataque a Silvia que apuntó directamente a matarla".

El juicio destapó "múltiples y variados delitos que perjudicaron la posibilidad de esclarecer los hechos reales que causaron la muerte de Suppo e identificar a los responsables", dijo Munné. Mencionó los casos, uno por uno y pidió una investigación a más de 25 policías de Rafaela y Santa Fe. Munné le achacó la "responsabilidad general sobre diversos delitos cometidos en las horas posteriores al crimen": al juez Mognaschi, a la ex fiscal Fortunato, al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Mondino, al subjefe Amaya (a quien le endilgó "responsabilidad por el ocultamiento de un video de la Terminal de Ominbus que entregó el empresario Hernán Gunzinger), al jefe de Orden Público, Carlos Alberto Keller, al jefe de Investigaciones, Horacio Maidana y al jefe de la comisaría 1ª, Dante Giménez que estaban al frente de los grupos que investigaron el caso. Giménez tenía como "secretario de actuaciones" al oficial Carlos Alberto Flores, que hoy está preso por el caso del joven crucificado en Frontera, en mayo de 2014 y que ayer fue otro de los denunciados por la querella.

"Todo análisis judicial que omita considerar los actos que perjudicaron la investigación de los hechos y las pruebas que desmienten el relato de Sosa y Cóceres sobre el móvil y las acciones que determinaron la muerte de Silvia Suppo carece de la voluntad efectiva de esclarecer este homicidio y descubrir a los culpables y está conducido por otros intereses", advirtió Munne.

Puyol, Munné y Tejera coincidieron que la militancia de Suppo molestaba en Rafaela por dedicó su vida a la construcción de memoria, verdad y justicia. "Silvia mantuvo inclaudicable su reclamo de justicia por más de 37 años desde que fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 hasta que pudo declarar en 2009 en el juicio oral contra los genocidas santafesinos, meses antes de ser asesinada. Mantenía la exigencia del juzgamiento de los crímenes de que fueron víctimas Reinaldo Hattgemer, Hugo Suppo y Jorge Destéfani, No la derrotaron ni la hicieron desistir los obstáculos de las leyes de impunidad ni los indultos ni el accionar del Poder Judicial partícipe de la dictadura. No la hizo desistir el accionar del juez Víctor Brusa, con tantos protectores y protegidos, dentro y fuera del Poder Judicial".

"Por 37 años, Silvia se mantuvo inclaudicable frente a todos los que no querían investigar" y preferían "dar vuelta la página y no comprometerse con imputados poderosos", dijo Munné. "Se equivocan quienes piensan que sus hijos Marina y Andrés Destéfani y quienes los acompañamos en este reclamo de justicia, abandonarán esta tarea y se resignarán ante los obstáculos policiales, judiciales o de cualquier factor de poder que invitan a no investigar sobre más responsables de su homicidio. Son luchas de años. Lo sabemos porque contamos con el ejemplo de nuestra maravillosa compañera Silvia Suppo", concluyó.