Desde Santa Fe

El acto de memoria, verdad y justicia en Santa Fe expresó dos reclamos concretos. Uno al presidente del Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para que reconozca "la participación del Poder Judicial en el terrorismo de estado" en la Argentina y el otro al titular de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, para que decrete la "apertura de los archivos de la Iglesia" y "la búsqueda de información en organizaciones católicas que participaron en la apropiación" de hijos de desaparecidos. "Les pedimos que hagan autocrítica", dice el documento de Hijos que se leyó anoche en la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris y advirtió que la dictadura no sólo fue "cívico militar" sino también "judicial y eclesiástica". Un bloque de cuatro patas.

Miles de santafesinos se convocaron anoche en el casco histórico, a pesar del viento sur que golpeaba fuerte y una lluvia molesta. Un apagón que generó suspicacias demoró el arranque del acto, pero al final se leyeron tres documentos: uno del Foro contra la Impunidad y por la justicia que denunció la participación judicial en el terrorismo de estado y otro de la juventud del Foro. El tercero fue el de Hijos, que ratificó su voluntad de "seguir profundizando y sosteniendo el avance de derechos en una democracia que atienda los intereses del pueblo".

Entre otras cosas, Hijos recordó en la impunidad de los años "90, no hubo "medidas cautelares" contra las leyes de obediencia debida y punto final "a pesar de que eran inconstitucionales" y tampoco contra "el acto impunidad más grande de la historia" que fue "el indulto" de Carlos Menem.

"Hoy, a 39 años del golpe de estado, el Poder Judicial sigue obstaculizando y entorpeciendo la lucha" por memoria, verdad y justicia. "Y no es casualidad. Por hay 129 funcionarios judiciales que han sido vinculados a alguna práctica terrorista" de la dictadura y "esos 129 representan el 30 por ciento de los integrantes actuales del fuero penal federal. Veinte de ellos han sido denunciados penalmente y 53 están imputados. Pero hasta este momento hay una sola sentencia firme y es la que conseguimos en Santa Fe contra (el ex juez federal) Víctor Hermes Brusa", condenado a 21 años de cárcel en 2009 (que está firme por resolución de la Corte Suprema) y a siete años por asociación ilícita, en 2014.

"El golpe fue cívico militar", pero también "judicial y eclesiástico", dijo Hijos. "Judicial porque la gran mayoría de los genocidas santafesinos siguen impunes, totalmente impunes, como los efectivos del Comando Radioelétrico (de la policía de la provincia) que participaban en los asesinatos de nuestros padres y madres o como los famosos PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército que aún hoy andan por facultades y calles. O como el teniente coronel golpista Roberto Pedro Arrieta y tantos más que no fueron investigados", agregó. "Por eso, el 21 de marzo volvimos a las calles bajo la consigna: "Si no hay justicia, hay escrache", señaló Hijos. La vuelta a los escarches fue en la casa de Arrieta, el primer intendente de la dictadura en Santa Fe.

"Hoy, a casi cinco años del asesinato de Silvia Suppo, testigo y víctima de delitos de lesa humanidad, la familia judicial también se niega a investigar quiénes fueron los instigadores y cómplices y beneficiarios del asesinato de nuestra compañera, se niegan a investigar el encubrimiento policial y privilegia la versión de los asesinos".

"Este fue un golpe eclesiástico porque hemos visto la lamentable complicidad de la cúpula católica con la dictadura", sostuvo Hijos. Y mencionó la reunión secreta de Videla en 1978 con los tres integrantes de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, los cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta y el entonces arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe. "En nombre de la salvación de la civilización cristiana y la salvaguarda de la Iglesia católica, el terrorismo de estado argentino secuestro, asesinó y desapareció a miles de militantes. La Iglesia argentina lo sabía y lo ocultó.

El primer reclamo fue entonces para el presidente de la Corte. "Le pedimos (a Lorenzetti) que haga autocrítica respecto del rol que cumplió el Poder Judicial en ese período de la dictadura, de denegación de derechos y participe en una transformación que asegure el acceso amplio de todos los reclamos populares y la continuidad del juzgamiento y castigo efectivo a los criminales de la dictadura". Y el otro a monseñor Arancedo, en el mismo tono. "Le exigimos al poder eclesiástico la apertura de sus archivos y la búsqueda de información en las organizaciones católicas".