Un relevamiento efectuado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) en el sur de Santa Fe arrojó que el 30 por ciento de los empleados rurales realiza sus tareas bajo condiciones de "reducción a la servidumbre", delito tipificado por el Código Penal. La coordinadora del área de Políticas de Inclusión y Derechos Humanos del organismo, Vivian Espejo, explicó que dicha violación tiene similitudes con la trata de personas, ya que las personas afectadas se encuentran "en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pobreza, de atropello a sus derechos de trabajadores, pasa que son del lugar y no es trata porque no hay traslado".

La acción de reducir a la servidumbre es escabrosa. Consiste en someter a otra persona al poder y a la propiedad de otro. El sujeto pasivo carece de toda libertad individual y se encuentra reducido a la calidad de cosa o animal doméstico, conceptualizó la funcionaria. Como reveló Espejo en diálogo con Rosario/12, en los operativos que se efectuaron en el sur de la provincia el Renatea se encontró con adultos y niños en situación de pobreza extrema y condiciones de explotación laboral, absolutamente desamparadas y faltas de derechos.

A lo largo de un año, la delegación Rosario del Registro realizó 700 fiscalizaciones respetando una delimitación geográfica desde Coronda hasta Rufino, y en más de 200 de dichos operativos dieron con casos de reducción a la servidumbre. Roxana Romero es la encargada del Area de Fiscalización en la zona y contó que los trabajadores agrarios "dan por naturales" cuestiones de sometimiento por parte de sus empleadores. "No solamente hay que cambiar a nivel laboral, sino también desde lo cultural. Ellos (los trabajadores) creen que no son como cualquier otro trabajador. Les parece bien que el empleador los haga trabajar 12 horas, que en lugar de dinero se les pague con comida o la misma actividad que hagan, por ejemplo que en un criadero de chanchos les paguen con un chancho, que los hijos los acompañen porque es bueno que aprendan a trabajar desde chicos".

"A cada lugar que vamos hay explotación laboral", alertó Romero, que relevó sueldos muy bajos, muchas horas de trabajo y ausencia de elementos de seguridad en toda la porción a la que está afectada la sede Rosario del Renatea. "De higiene ni hablemos", coronó el racconto, aunque le sumó la falta de condiciones dignas de vivienda y movilidad. "Las primeras fiscalizaciones me tocaron mucho, me costaba entender que se viva así y se siga pensando que está bien, que se lo merece", graficó.

La fiscalizadora dividió a los trabajadores rurales de la provincia en "los típicos golondrinas" y "los de bolsa". Los primeros son "traídos" por un empleador desde el norte del país (Santiago de Estero, Chaco y Corrientes) para realizar tareas durante un mes de cosecha. "Trabajan de sol a sol, les pagan y se van". En tanto, a los segundos, las empresas los contratan "por días y después siguen dando vueltas trabajando en otro campo. Este es el más irregular que se encuentra, no tiene ni recibo ni se le puede dar ninguna prestación si el empleador no lo inscribe". El golondrina, por su parte, se encuentra "más expuesto a trata y la servidumbre".

El Renatea se creó en el 2011 y opera bajo la ley 26.727. Tiene la función de regular el trabajo en negro en el ámbito rural y considera como empleado agrario a todo aquel que manipule materia prima. "Se procura que el trabajador esté inscripto y anotado, que tenga sus aportes hechos. Ellos desconocen que se pueden jubilar gracias a esta ley a los 57 años y que tienen que trabajar 8 horas. A la vez, al momento de descubrir los casos más graves se opera de manera coordinada con organismos nacionales que tengan más competencia que el propio Renatea "para que se pueda seguir con las investigaciones y el trabajador no quede desamparado". Por el momento, en Santa Fe, la lucha es dura.