Desde Santa Fe

El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez citó a declarar al jefe de Apropol Alberto Martínez para después de las elecciones. El 1º de julio tiene previsto indagarlo en una causa por las supuestas "coacciones agravadas" al gobernador Antonio Bonfatti, que se inició en la justicia ordinaria, pero que a fines de abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó su pase al fuero federal, donde se investigará como parte del alzamiento policial de diciembre de 2013. La indagatoria ya había sido dispuesta por la jueza Susana Luna (Instrucción 4ª), pero quedó pendiente cuando la Corte declaró que el proceso debía seguir en los Tribunales Federales. El fiscal Walter Rodríguez le pidió entonces al juez Rodríguez que fije la fecha de la audiencia, y esta semana el magistrado decidió que será el miércoles 1º de julio, a las 10, quince días después de los comicios del 14 de junio.

En realidad, la jueza Luna había intentado indagar a Martínez cuatro veces desde que Bonfatti lo denunció ante el fiscal de turno, a fines de 2013, pero las declaraciones se suspendieron por distintos motivos. La última, el 27 de abril, cuando la magistrada la "dejó sin efecto" por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordenaba investigar la causa como parte del alzamiento policial de diciembre de 2013 y mandó al expediente a su colega, el juez Rodríguez.

Ya en el fuero federal, el fiscal Rodríguez dictaminó que la declaración del jefe de Apropol debía "efectivizarse". "La jueza Luna estableció que Martínez debía deponer en declaración indagatoria", pero la audiencia fue "suspendida" por el fallo de la Corte nacional que pasó la causa al fuero federal. "De modo, que por los principios de progresividad y preclusión del proceso penal" y "lo establecido por el artículo 7 de la Constitución Nacional, entiendo que debe efectivizarse el acto de defensa material" de Martínez.

Por lo tanto, el líder de Apropol "deberá prestar declaración indagatoria en relación a las coacciones recibidas por el gobernador Antonio Bonfatti en su teléfono celular mediante mensajes de textos los días 4, 6 y 7 de diciembre de 2013, las cuales constituyen el delito previsto en el artículo 149 ter inc.2, apartado a) del Código Penal", agregó el fiscal.

El llamado del 1º de julio, será el quinto que se ordena en la causa si se tienen en cuenta los cuatro anteriores dispuestos por la jueza Luna. El primero fue el 26 de diciembre de 2013, pero Martínez se excusó por razones de salud con un certificado médico que presentó su defensa. El segundo: el 7 de febrero de 2014, pero como en esa semana el fiscal federal Rodríguez había pedido la acumulación de la causa con la que investiga el alzamiento policial, la jueza suspendió la audiencia. El tercero: el 6 de noviembre y también fracasó porque Martínez recusó a Luna. El cuarto era el 27 de abril, y volvió suspenderse ante el fallo de la Corte que ordenó el pase del expediente al fuero federal. Así que ahora habrá que ver qué sucede el 1º de julio.

El fiscal Rodríguez sostiene que la presunta "coacción agravada" a Bonfatti debe investigarse como parte del movimiento policial de diciembre de 2013. El planteo generó dos conflictos de competencia que frenaron las causas por más de un año. El caso de las amenazas a Bonfatti llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, que ahora dictaminó que debe "entender" el juez Rodríguez. Y la causa de sedición tiene un incidente pendiente en la Cámara Nacional de Casación Penal después de que Rodríguez y la Cámara Federal de Rosario plantearan que debía pasar al fuero ordinario. Si bien el fallo de la Corte es por las supuestas "intimidaciones" a Bonfatti, se interpreta que también cierra el debate sobre la competencia para investigar la "sedición".

La situación de los imputados en ambas causas también es distinta. En la primera, la jueza Luna no pudo indagar a Martínez por supuestas "coacciones agravadas" a Bonfatti, a pesar de los cuatro intentos fallidos. Mientras que en la segunda, el juez Rodríguez ya indagó a Martinez por presunta "instigación a cometer delitos" y a tres oficiales en actividad: Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani por supuesta "sedición". El 6 de abril, el fiscal Rodríguez solicitó el procesamiento de Martínez y de sus tres colegas, pero el juez Rodríguez aún no resolvió la situación procesal.