"En los casos de gatillo fácil, la obligación de la Justicia es doble porque deben investigar el accionar de los propios agentes del Estado", exigió Florencia Delnegro, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, que acompaña a familiares de víctimas de la violencia institucional, en varias causas. A propósito de la condena de la semana pasada, contra tres policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez acusados de haber perseguido y matado a Gabriel Riquelme, la organización la calificó como "histórica", y dio cuenta de otros casos en los que todavía las familias reclaman justicia por sus hijos muertos con balas policiales. "En la Justicia tuvimos que escuchar hablar de una de estas causas como un suceso provocado por una bala perdida. ¿Qué bala perdida? Si dio en el centro del pecho", se quejó la dirigente. Desde el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que patrocina a víctimas de estos casos, también hubo reclamos.

Para Delnegro, el tratamiento de la violencia institucional en la Justicia es, en muchos casos, "irresponsable". En ese sentido, insistió: "Nosotros hablamos de la doble obligación de la justicia sobre la responsabilidad en el accionar de los agentes del estado. Uno de los mayores problemas es que las medidas y recolección de pruebas por hechos con policías involucrados, las sigue haciendo la policía. No se van a acusar a sí mismos. Y cuando esas pruebas les llegan a los jueces y fiscales, ya están viciadas. Tampoco se ordenan medidas para rebatir esos argumentos. Compran el paquete", se quejó.

Una de las causas en las que APDH participa como amicus curiae (amigo del tribunal, para asesorar sobre la problemática) es la del crimen de Michel Ramón Campero, que tenía 18 años cuando lo mataron "por la espalda" dos policías que estaban de franco la noche del 6 de enero de 2014, en Granadero Baigorria. El comisario inspector, Omar Dal Lago, y su hijo, Omar Jesús Dal Lago fueron acusados por el crimen del pibe que les había robado la moto, pero poco después fueron sobreseídos porque alegaron legítima defensa. Sin embargo, desde la organización remarcaron que no hay pruebas que den cuenta de un enfrentamiento, y que el arma que le encontraron a Campero era una réplica.

Hace poco más de un mes, la Cámara Penal revocó el sobreseimiento de los policías y ahora la causa volvió a primera instancia. La familia de la víctima es querellante con el patrocinio del CAJ, desde donde plantearon que en el juzgado de Instrucción 3º la causa "no tuvo avances". "Se dio lugar a la versión de los imputados y no se permitió la participación de la querella", se quejaron. Los abogados del CAJ presentaron un pedido de pruebas el 1º de junio pasado, como una reconstrucción integral, pero el juez ordenó otras medidas. "Una cosa no impide la otra, y hay muchas pruebas para procesar", protestaron. Al mismo tiempo, lamentaron que "si los acusados no fueran policías hubieran transitado el proceso presos, pero no fue así y da qué pensar".

El director del CAJ, Ricardo Lamas, dijo en la audiencia que "la violencia de hoy de alguna manera está vinculada a la violencia institucional del pasado. El esfuerzo es doble, porque somos un país referente del tema". La familia de Campero y la APDH no se conforman. "Todas las medidas se realizaron en base al relato de los imputados. Deberían ser procesados", se quejó Delnegro.

El de Marcelo Gustavo Lares es otro de los casos que espera justicia. "Fue directamente un fusilamiento por la espalda", sentenció la presidenta de APDH. El 6 de junio de 2013, personal de la comisaría 20º había ido a hacer un allanamiento por el supuesto robo de una moto y no lo buscaban a Lares, sino a su hermano. Cuando vio a la policía, se asustó y salió corriendo. Un disparo en la nuca lo dejó tirado en el arroyo Ludueña. La moto que supuestamente buscaban, nunca apareció. "En ese hecho hay dos policías que están directamente implicados porque lo siguieron y los dos dispararon: uno, al suelo según sus dichos ; y el otro directo a la nuca del pibe de 20 años. Dijeron que habían repelido los disparos de Gustavo, pero "es imposible porque el arma Bersa calibre 22 está trabada, no tenía aptitud para el disparo. Además de eso, nadie le informó a la madre que habían matado al chico", relató Delnegro. La causa pasó por varios juzgados y ahora está en Instrucción 10º, a cargo de Patricia Bilotta. APDH también se presentó como amicus curiae. Además, el CAJ es querellante en esta causa, en representación de la familia de la víctima.

Mauricio Gómez, de 24 años, fue asesinado el 14 de septiembre de 2014. El pibe recibió dos balazos policiales en lo que se dio a conocer como un enfrentamiento, tras un hecho de robo. Pero la familia asegura que la víctima salía de un cumpleaños de 15, cuando quedó en el medio de un hecho que le era ajeno. "Este es el caso en el que una empleada de la Fiscalía nos preguntó si era el caso de la bala perdida", recordó Delnegro, indignada. "Estamos trabajando para constituir como querellante a la mamá con nuestro patrocinio", dijo. En el caso, hay un policía señalado, pero no hay imputación y nunca estuvo preso, según indicaron.

Con todo, el caso de Riquelme, de marzo de 2014, logró condenas contra los policías. El chico tenía 20 años y fue asesinado tras una persecución policial, mientras volvía con sus amigos a Villa Gobernador Gálvez, tras salir a bailar en Rosario. El miércoles pasado, los jueces Javier Beltramone, Raquel Cosgaya y Roxana Bernadelli avalaron el juicio abreviado tras el acuerdo entre los fiscales Adrián Spelta y Miguel Moreno, con la querella de la mamá, Alejandra, patrocinada por APDH y la defensa de los imputados. Roberto Pereyra y Nelson Canella fueron condenados a la pena de 20 años y medio de prisión; mientras que Virginia Espinosa deberá pasar cinco años tras las rejas por "encubrimiento e incumplimiento de deberes". Un cuarto policía fue condenado a tres años de cárcel en suspenso.