La violencia contra las mujeres no mermó desde la movilización "Ni una menos". A tres meses de la marcha, que convocó a más de 20 mil personas en Rosario, se cometieron siete femicidios en la provincia, según datos relevados por el equipo de género de la concejala del Frente para la Victoria, Norma López. Además, el Teléfono Verde atendió (hasta el 31 de agosto) casi la misma cantidad de consultas que en todo 2014; entre junio y agosto, 24 mujeres con sus hijos ingresaron a los hogares de tránsito municipales; se entregaron 35 botones de alarma; la oficina de violencia familiar de la Fiscalía recibe unas 300 denuncias mensuales; y el 60 por ciento de los casos que llegan al Centro de Atención a Víctimas, que funciona en la Intendencia, es por violencia de género. Las organizaciones reclaman acciones urgentes a todos los estamentos del Estado; y desde la Multisectorial de Mujeres y el Grupo Observatorio Rosario (GOR) insisten en reunirse con la intendenta Mónica Fein.

El relevamiento que realiza el equipo de la edila López dio cuenta de un dato poco alentador: después de la convocatoria "Ni una menos", que tuvo marchas en todo el país, los casos no disminuyeron. Entre enero y mayo hubo 10 asesinatos de mujeres en Santa Fe, incluido el de la adolescente de Rufino, de 14 años, Chiara Páez, que fue la gota que colmó el vaso para convocar a la marcha del 3 de junio. En el inicio de esta segunda mitad del año, otras siete mujeres y niñas perdieron la vida a causa de la violencia machista. Cuatro de los casos son de Rosario.

Otro dato abrumador es el brindado por Anahí Schibelbein, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas que funciona en el primer piso de la Intendencia, a instancias de la concejala María Eugenia Schmuck: en sólo 10 días de atención, la tendencia de los casos que llegaron da cuenta de que el 60 por ciento tiene que ver con violencia hacia las mujeres. Desde allí se busca "acompañar y asesorar" a las víctimas en sus casos particulares, ya sea en el acceso a la Justicia o a organismos estatales.

Desde el Area Municipal de la Mujer, se indicó que en lo que va de 2015, se atendieron 2055 consultas en el Teléfono Verde (0800 444 0420), de las cuales 1629 fueron de víctimas de violencia de género. El servicio sigue siendo cuestionado por organizaciones de género, que reclaman atención las 24 horas. Es que por la noche y los fines de semana, las consultas son atendidas por la Guardia Urbana Municipal (0800 444 0909).

En tanto, los refugios Casa Amiga y Alicia Moreau de Justo alojaron a 67 mujeres con 89 niños, en lo que va del año. "En mayo ingresaron 7; en junio, 16; y en agosto fueron 8", según los datos aportados por el Area de la Mujer.

Al mismo tiempo, hasta el 31 de agosto, fueron solicitados 35 botones de alarma, con los que las mujeres hostigadas por sus exparejas se comunican de inmediato con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las organizaciones dieron cuenta de la "falta de respuesta" desde algunas comisarías. También se quejaron de que las seccionales policiales "no controlan" las prohibiciones de acercamiento.

Desde la Multisectorial de Mujeres, las organizaciones insisten en "exigencias concretas en los niveles municipales y provinciales". Y recordaron: "Hace un mes movilizamos a la Municipalidad de Rosario para exigir una audiencia pública a la intendenta reelecta que aún espera respuesta. En la carta le manifestamos nuestra preocupación por la situación en que se encuentran los dispositivos de atención a mujeres que sufren violencia de género, donde exigimos informe sobre el presupuesto que su gestión destina a esta problemática y cómo se distribuye. Asimismo, queremos urgente un mejoramiento en el funcionamiento del Teléfono Verde; la ampliación de la capacidad de alojamiento a mujeres y sus hijos, en situación de violencia; y la aplicación de la ordenanza de creación de un Observatorio en Violencia de Género".

La secretaria de Género de la CTA Rosario, Majo Geréz, apuntó que "todas estas demandas se desprenden de ordenanzas municipales sancionadas pero no aplicadas, como la Declaración de Emergencia Social en Violencia de Género, de 2012; y ordenanzas de 2008 y 2012".

En el orden provincial, pidieron "información oficial de la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, sobre la situación en materia del Decreto 4028/2013, que aprueba la reglamentación de la ley Nº 13.348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; como así también sobre el Decreto 177/15, que aprueba el Programa de protección integral contra la violencia de género". Y agregaron el pedido de "una audiencia con Mercedes Martorell, directora de Políticas de Género, en calidad de autoridad de aplicación de esas leyes y decretos".

Para Geréz, "sigue persistiendo un ninguneo constante de los distintos niveles del estado hacia las organizaciones de mujeres feministas que todos los días acompañamos a mujeres en situación de violencia de género que da cuenta de la nula importancia que se le da a esta realidad".

En la Justicia, desde la Oficina de Violencia Familiar de Fiscalía indicaron que se recibieron más de 5 mil denuncias desde que empezó a funcionar el nuevo sistema procesal penal, en febrero de 2014; pero aclararon que están incluidos casos con víctimas dispares, entre "hombres, mujeres y menores". El promedio es de 300 por mes.

Desde Mumalá, indicaron que hasta el 30 de junio se habían denunciado 548 casos de violencia de género en la Fiscalía Regional. "Estos números muestran a las claras dos cuestiones: el inicio de un camino de fortalecimiento de las mujeres que comienzan a defender el derecho a vivir sin violencias, logrando salir del miedo, la vergüenza y el silencio; y las evidentes consecuencias de un modelo cultural que aún naturaliza el sometimiento de las mujeres expresado en diversas situaciones de violencia llegando en algunos casos al femicidio".

En ese contexto, lamentaron también los últimos fallos judiciales en la materia: la liberación de los ochos acusados por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, que data de septiembre de 2011; y la excarcelación de la madre y el padrastro del adolescente acusado del femicidio de Chiara Páez.