Esta semana el Defensor Provincial Gabriel Ganón, presentó oficialmente el Informe de Monitoreo de los Centros de Detención Policiales que editara recientemente la Defensa Pública. La oportunidad fue propicia para llevar adelante un Panel/debate a cargo del Diputado Provincial Eduardo Toniolli, Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, la Dra. Paula Litvachky, Directora del Area de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y la doctora María Eugenia Mistura, en representación del área de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El titular del Ministerio Público de la Defensa Penal destacó la importancia que tiene este documento y el precedente que sienta dentro de la Provincia de Santa Fe al ser el único informe oficial que hasta el momento ha sido publicado sobre la problemática en torno a las condiciones en que se encuentran las dependencias policiales en el territorio provincial, ya que este trabajo elaborado por la Defensa a partir de un estricto plan de monitoreo permite, a su vez, superar la brecha producida por la ausencia de información estadística sobe las comisarías y centros de detención, conocer con datos precisos y confiables los problemas de afectaciones de derechos humanos e iniciar acciones pertinentes a efectos de revertir dichas situaciones bajo la nueva mirada de la Defensa Pública desde su trascendente rol institucional.

La Dra. María Eugenia Mistura abrió el panel exponiendo acerca del estado de situación de todas las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a la plena implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, cuyo mecanismo fue aprobado por el Congreso Nacional. En junio de 2006 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que el Estado argentino también resulta parte por Ley 25.932. Mediante ese instrumento, los Estados Partes afirmaron la "necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura" y se fijaron como tarea "establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".