Desde Santa Fe

El intendente José Corral metió presión y miedo en siete barrios vulnerables de Santa Fe, donde promueve el desalojo masivo de más de 200 familias a las que emplazó a "derribar sus propias casas" y "abandonar el predio que ocupan", porque de lo contrario "el gobierno de la ciudad, sin ninguna orden judicial, ni explicación, destruirá las viviendas en un plazo de 30 días", según denunciaron ayer el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Se trata de un "intento arbitrario e ilegal", un "avasallamiento a los derechos de las personas", dijo el Foro y advirtió que Corral intenta justificar el operativo con "ordenanzas de la dictadura" y supuestos "superpoderes" que "no tiene ningún funcionario de la democracia".

Las notificaciones de desalojo se recibieron en los últimos días en Villa Oculta, La Tablada Vieja, Alto de Noguera y Playa Norte (en el límite norte), Los Troncos (en el oeste) y Colastiné Norte y El Pozo (en la zona de la costa, cercana a la laguna Setúbal).

El Inadi intimó a Corral y al presidente del Concejo, Leonardo Simoniello, a que "cesen las notificaciones de desalojos que generan zozobra en las familias afectadas" y "la urgente conformación de una mesa de diálogo con los vecinos para que se respeten su derecho a la vivienda".

"No a los desalojos" dijo el Foro contra la Impunidad, que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones sociales y políticas. Y expresó su "total y rotundo rechazo a cualquier medida que pretenda dejar sin hogar a santafesinos de los barrios mas humildes".

Es "irracional" creer que el desalojo masivo de familias vulnerables "pueda significar una mejora para algún barrio". "El derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional y en ningún caso puede ser violentado y arrebatado por el mismo Estado que debería ser el custodio del bienestar de los vecinos".

El Foro exhortó a Corral a abrir una mesa de diálogo con los vecinos, pidió a la justicia que garantice "los derechos" de los afectados, advirtió al gobierno de Antonio Bonfatti que "no utilice" la Policía santafesina para "ejecutar desalojos sin orden judicial", informó a los partidos políticos sobre la "ilegalidad" del operativo Corral y las consecuencias que podría tener y convocó "a la ciudadanía a estar alerta y movilizada en defensa" de los barrios.

El Inadi reveló que las cartas de desalojo fueron recibidas por más de 200 familias de los siete barrios y solicitó "el cese definitivo de las intimaciones" y "un compromiso real y efectivo entre las familias afectadas y el municipio para que estas personas sean incluidas en el diseño de las políticas públicas de la ciudad". "La ciudadanía, iglesias de distintos credos, partidos políticos, gremios, autoridades de los Estados nacional, provincial y municipal deberían estar alertas ante éstas conductas (del intendente Corral) que afectan a los sectores más vulnerables", agregó.

El tema fue analizado en sede del Inadi Santa Fe, en un "encuentro entre las personas afectadas, dirigentes de gremios nucleados en la CTA, legisladoras del Frente para la Victoria, organizaciones políticas y sociales de distintos territorios afectados.