Desde Santa Fe.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de 15 años de prisión para el ex juez de Menores Luis Vera Candioti, el coronel Carlos Enrique Pavón y el comisario Juan Calixto Perizzotti, a quienes acusó de participar "directamente en un plan delictual" para la "sustracción, retención y ocultación" de María Carolina Guallane cuando era una beba de 14 meses y "alteración de su estado civil", que era Paula Cortassa. A Vera Candioti le reprochó también "prevaricato" y a Pavón "falsificación ideológica de instrumento público" porque entregó la niña a Vera Candioti con una nota del Ejército falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, siete días antes del operativo militar en la casa de Castelli 4531, que le costó la vida a los esposos Enrique Cortassa y Blanca Zapata (que estaba embarazada a término y agonizó diez días) y a una compañera de ambos, Cristina Ruiz de Ziccardi. Sólo sobrevivieron los tres pequeños: María Carolina y Ramón y Hernán Ziccardi.

Los abogados de Abuelas, Natalia Moyano y Santiago Bereciartúa pidieron las condenas de Vera Candioti, Pavón y Perizzotti, en el arranque de los alegatos en el juicio de la megacausa del terrorismo de estado en Santa Fe, que juzga el asesinato y la desaparición de 53 víctimas, pero sólo tiene cuatro imputados -el cuarto es el coronel Domingo Morales- porque los otros ya fallecieron. Y anunciaron que impulsarán una investigación para saber qué sucedió con el hermano de Carolina, que según médicos del Hospital José María Cullen nació muerto. "Desde las Abuelas de Plaza de Mayo, nunca claudicaremos en la búsqueda de ningún niño o niña, porque mientras no exista ningún dato fehaciente sobre su vida o su muerte, estas personas continúan estando desaparecidas. Es por ello, iniciaremos una investigación a los fines de aclarar que pasó con el bebé de Blanca y Enrique Cortassa", dijeron.

En el primer alegato, la abogada Alejandra Romero Niklison que representa a los hermanos Ziccardi había pedido 25 años de prisión para Perizzotti como "coautor mediato" del "homicidio" de Cristina Ruiz de Ziccardi. Perizzotti ya fue condenado dos veces: en 2009, a 22 años de cárcel por secuestros y torturas y en 2014, a ocho años por asociación ilícita, que en la práctica significó sólo un año más porque la pena se unificó en 23 años, que hoy cumple en su casa.

El jueves y viernes, deberán alegar los abogados de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné, y luego seguirá el fiscal Martín Suárez Faisal, que lo hará por las 53 víctimas.

Moyano y Bereciartúa ubicaron "la retención y ocultación" de Carolina, en 1977 y su "desaparición" durante 21 años hasta que recuperó su identidad en 1998 en el contexto del "plan sistemático de represión implementado por las Juntas Militares y de la aberrante práctica de apropiación de niños, hijos de detenidos desaparecidos. Para perfeccionar estas apropiaciones, se tejió una trama burocrática, jurídica, política y social que articuló lo oficial y lo clandestino. Trama integrada por grupos e instituciones que contribuyeron, de distintas maneras, a las primeras formas de consumación burocrática de la desaparición de los niños que fueron dispuestos como 'botín de guerra', dijeron.

"Los acusados se valieron de la pertenencia a una estructura militar del aparato terrorista del Estado y de la apariencia de legalidad de las dependencias judiciales, para perpetrar el ilícito. Así, utilizaron aquel poder para cometer un sin número de crímenes contra sus conciudadanos". Y sus "conductas" se agravan por "acciones y omisiones" "en estos casi 40 años para procurarse impunidad".

"Se privó a Paula Cortassa de su libertad en sentido amplio, lesionando su derecho a la identidad, privándola de conocer sus orígenes biológicos, su historia familiar y de mantener relaciones familiares con sus parientes biológicos, de quienes ni siquiera Paula supo de su existencia, hasta que en 1998 restituye su verdadera identidad, soportando hasta entonces el "fantasma del abandono", explicaron.

"Esta vulneración de identidad fue generalizada en los hijos de detenidos/desaparecidos y así quedó expuesta" en el juicio. Y "se reflejó en familias enteras destrozadas y desesperadas por el terror del genocidio. Familias que no contaban con ningún tipo de posibilidad de reclamar nada, a veces ni la restitución de sus propios nietos, y si reclamaban, muchas veces eran ignorados y se les negaba cualquier tipo de información".

Recordaron el testimonio de María Carolina cuando relató sus padecimientos en el juicio. Ella dijo que el "día que fue mamá" se le "vino el mundo abajo" y al año siguiente, cuando su hijo Nicolás, "cumplió un año y dos meses", le dijo a su madre adoptiva: 'Nico hoy tiene un año y dos meses, así era yo cuando de repente, así, de un segundo para el otro, me sacaron de Blanca y de Enrique'".

El psicólogo Iván Fina Carlucci, quien está a cargo de la filial Abuelas en Rosario, dijo que "los estragos provocados por la apropiación y la sustitución de la identidad son numerosos, tal como puede desprenderse del testimonio de María Carolina y de otros tantos que han circulado en diferentes instancias, judiciales como no judiciales. Esos testimonios dan fe de la violencia ejercida contra estos niños recién nacidos, violencia que ha sido tanto material como simbólica, sin que pueda desmerecerse, en este último caso, los alcances que se ha demostrado que tienen tanto en el aspecto psíquico como físico".