No se detienen las condenas para el secretario de Gobierno de Funes, Ezequiel Fernández de Salvi, que dijo hace unos días que la señalización de la Quinta de Funes como Sitio de Memoria de Estado contribuiría a "atraer turismo" a la localidad. El rechazo a sus dichos llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, a través de la legisladora Lucila de Ponti, quien impulsó el "más enérgico repudio" a las declaraciones y sumó el aval de doce diputados del Frente Para la Victoria, entre ellos la ex ministra de Defensa Nilda Garré. "Hay una nueva camada de funcionarios que han ingresado desde algunos sectores políticos, que tienen una actitud de banalización y desprecio a todo lo que ha sido una política en los últimos doce años", denunció la referente del Movimiento Evita.

Tras años de lucha, organizaciones locales, regionales y legisladores lograron que la Quinta ubicada en Ruta 9 y San José sea declarada Sitio de Memoria. Al acto, que se realizó el viernes 25 de marzo a la mañana, faltó el intendente Diego León Barreto y fue reemplazado por Fernández de Salvi, quien dijo que la señalización contribuirá al objetivo central de la gestión actual, que Funes "sea una ciudad turística". No solo eso, también dijo en el sentido acto que es "muy irrespetuoso" hablar "sin haber vivido la historia", la dictadura cívico militar que sufrió el país entre los años 1976 y 1983. Para cerrar su discurso, definió a la dictadura como un "hecho triste" y pidió enseñarla "así y no como algo alegre".

Entre semana, fue la Cámara Baja provincial la que expresó su "profundo repudio" a los dichos del funcionario funense. Por iniciativa del legislador del ARI Ariel Bermúdez, los diputados aprobaron de manera unánime (Frente Progresista, peronismo, la izquierda y también el PRO) una condena a las declaraciones porque "menoscaban, insultan o agreden la Memoria, la Justicia, la Verdad y la Democracia". Acto seguido, en el cierre de la semana pasada, De Ponti tomó el tema y lo trasladó a la esfera nacional, donde rápidamente consiguió la firma de una considerable cantidad de legisladores kirchneristas.

"Nuestro pueblo constituyó la Memoria, la Verdad y la Justicia como una política de masas, sobre esto no estamos dispuestos a retroceder", advirtió De Ponti, en diálogo con Rosario/12. El proyecto de Declaración lleva la firma de los diputados Leonardo Grosso, Remo Carlotto (hijo de Estela, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo), Araceli Ferreyra, Andrés Guzmán, Silvia Horne, Nilda Garré, Juan Manuel Huss, Eduardo Seminara, Juan Manuel Pedrini, Silvina Frana, Alejandro Abraham y Carolina Gaillard. "Probablemente", esta semana sea tratado en la comisión de Derechos Humanos que preside Victoria Donda. "Está el consenso para salir adelante, ni siquiera abre una discusión, hay consenso mayoritario en repudiar", adelantó la diputada del Movimiento Evita.

"Creemos que estas manifestaciones revisten no solo una profunda irresponsabilidad institucional sino una concepción subyacente acerca de nuestra historia cercana", sostuvo De Ponti, que dijo sentir "sorpresa" por "las desafortunadas declaraciones". Por otro lado, consideró que "no es casual" que los dichos partan de un funcionario PRO (en este caso, también apoderado del partido en la provincia). "Justamente en el último aniversario sucedieron en distintos lugares del país declaraciones de este tipo, como la de Martiniano Molina (que confundió durante una conferencia de prensa al centro clandestino de detención conocido como "El Pozo de Quilmes" con un bache). Pero fundamentalmente fue el presidente Mauricio Macri, que utilizando palabras como intolerancia o violencia institucional al mismo nivel que lo que nosotros consideramos que fue el terrorismo de Estado. Esta es la concepción por parte del PRO de nuestra historia reciente", afirmó la legisladora.