El Ejecutivo provincial convocó al Poder Legislativo para analizar el prolongado conflicto que enfrenta al intendente de Las Rosas con el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram), y entre las alternativas para zanjar la situación se incluye la intervención del municipio, revelaron desde la Gobernación.

Una medida así de drástica e infrecuente amerita de consenso político para llevarla a cabo, y eso explica la cita que el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, cursó a los presidentes de bloque de Diputados y del Senado provincial, para el miércoles a las 9 para analizar qué medidas de orden institucional adoptar.

El anuncio difundido ayer de manera oficial y con la palabra "intervención" en el título del comunicado apunta a aligerar la presión que la Festram, la federación del gremio municipal en la provincia, y todos los sindicatos que la integran, llevarán mañana a la Legislatura, cuando el gobernador Miguel Lifschitz arribe para presidir la apertura del período de sesiones ordinarias y encuentre el clamor de los trabajadores que le pedirán mano dura para el intendente rosense del PRO, Javier Meyer, que desobedeció tres conciliaciones obligatorias y desoyó a su propio Concejo deliberante.

El conflicto se remonta a diciembre pasado, en los primeros días de la gestión de Meyer. El jefe municipal eliminó de prepo y sin consulta previa al sindicato haberes y plus de salario a unos 25 trabajadores de los 107 que tiene ese municipio, por considerarlos improcedentes. Desde entonces, la ciudad cabecera del departamento Belgrano es un polvorín.

El personal se dividió entre una facción que, fiel al sindicato, se plantó en huelga y a la que desde entonces Meyer no le paga el sueldo, y otro grupo que sigue cobrando porque acude a trabajar sin acatar el paro. Hubo amenazas y acusaciones cruzadas, y algunos escarceos que no llegaron a la violencia explícita porque la ciudad se pobló de policías y de gendarmes. Esa fue la respuesta del gobierno nacional ante el planteo de Meyer a sus correligionarios de Cambiemos en Buenos Aires: un pelotón de gendarmes.

La situación mantiene en vilo a esta ciudad de 17 mil habitantes. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo provincial dictó tres conciliaciones obligatorias de manera sucesiva, y en todas Meyer se negó a acatarla, lo que hubiese implicado reintegrar los haberes detraídos, interrumpir la huelga y continuar analizando la diferencia con la situación normalizada.

"Esta situación puede derivar en sanciones, según la legislación laboral, con multas y hasta una posible intervención al gobierno municipal, según lo estipula la Constitución provincial y la Ley 2756 (orgánica de municipalidades)", advirtió la Casa Gris.