El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, apuntó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su responsabilidad en la desaparición de 15 armas de fuego policiales que tenían que ser destruidas y terminaron en manos de delincuentes. "Hay responsabilidades en esto, se está investigando en profundidad, nosotros estamos para colaborar con el fiscal que lleva adelante la causa", aseguró Pullaro, en relación con la investigación judicial sobre las armas reglamentarias secuestradas en procedimientos policiales. Asimismo, apuntó que a su cartera le pueden caber "responsabilidades políticas", aunque advirtió que las piezas "habían sido entregadas a la Corte Suprema para ser destruidas, las actas marcan eso", por lo tanto su desaparición es también responsabilidad del cuerpo colegiado.

"Uno no quiere quitarse responsabilidades, hay responsabilidades legales, por quienes robaron esas armas; también jurídicas ya que quien hace el convenio con el Ministerio de Seguridad es la Corte Suprema de Justicia que era la encargada de destruir esas armas. Y finalmente responsabilidades políticas porque esas armas se perdieron, figuraban destruidas y no era así", explicó Pullaro.

Por su parte el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, confirmó ayer el contenido de la investigación que sigue su subalterno Andrés Marchi, y que revelara el portal zonacriticaonline de Héctor Galiano: "Se intenta determinar en qué momento del circuito fueron sustraídas de su destino final", apuntó Nessier. "Eran armas que habían sido remitidas a destrucción, no habían sido secuestradas en hechos delictivos sino que eran armas reglamentarias de la fuerza policial que fueron acumulándose con el correr de los años y depositadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Y en determinado momento se decidió destruirlas y se remitieron a la Corte suprema".

"Eran armas reglamentarias --agregó-- que habían sido utilizadas en su momento por el personal policial. La investigación empezó a detectar estos casos y el fiscal Marchi, que tenía a su cargo la pesquisa, dispuso una investigación unificada de estos casos. Desconocemos cuántas armas podría haber, pero hasta ahora se detectaron unas quince armas. Hay tres o cuatros que aún no pudieron confirmarse con los informes periciales".

La investigación se encaminó a establecer en qué momento del circuito esas armas fueron sustraídas de su destino final que era su destrucción en una fundición de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió ayer el fiscal Marchi comenzó a tomar declaración a las personas vinculadas con el traslado y a pedir informes de constatación en los lugares en los que se llevó adelante la destrucción de las mismas. "Se investiga en qué parte se corrompió la cadena de custodia de las armas (715 en total) que por convenio provenían del departamento de Logística de la UR I. Luego fueron remitidas a la subsecretaría de Control de Armas y de allí a la sala de efectos de la Corte para su disposición final. Todo quedó plasmado en actas rubricadas en cada pase del armamento", detallaron los pesquisas.

El 3 de noviembre del año pasado se ordenó destruir, luego de una clasificación, armas y municiones que estaban en el departamento de Logística de la Policía santafesina. La instrucción incluía catalogar las armas y fundir las piezas por separado.