La escena se repite en Santa Fe. El gobierno provincial de Miguel Lifschitz reclama por los tarifazos de luz y los dirigentes del PRO dicen que la que provocó un aumento desmedido fue la propia EPE, que "nos vendió la electricidad más cara del país durante muchos años". El presidente Mauricio Macri vino a la provincia en varias oportunidades para recorrer las zonas inundadas. En el primer vuelo, ni siquiera lo subieron al gobernador sino que fue el intendente de Santa Fe, José Corral, el que trepó a la nave junto con los funcionarios nacionales. Pero en concreto, la Nación puso hasta ahora 25 millones de pesos para afrontar el desastre hídrico contra los 600 que lleva invertidos la provincia. Aquí no cuentan los casi 40 millones de ayuda al sector tambero que, dicho sea de paso, también está en mora.

Lifschitz aún espera la respuesta de Aranguren que hace más de dos meses le pidió una semana para responderle sobre la ayuda de la Nación a la provincia por las siderales subas eléctricas que comprometen a decenas de pymes en el territorio. Esta semana volverá a ver al ministro junto a otros gobernadores de distintas provincias. Esta vez el tema central será el gas, con subas que podrían incrementarse hasta un 1.500 por ciento.

En el medio surgió la crisis de SanCor y nuevamente el caso enfrenta a provincia con Nación. Esta semana, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, deslizó la sospecha de que existe un sector del gobierno de Cambiemos que está interesado en "dejar caer" a la gran cooperativa láctea con sede en Sunchales. Rápidamente salieron a cruzarlo el intendente Corral y el ministro de Agricultura Buryaile. Los dos intentaron desacreditar al funcionario que a esta altura se ha transformado en uno de los hombres fuertes de la gestión de Lifschitz. Es quien más claramente expresa sus diferencias con las políticas públicas del gobierno de Macri, pero siempre con datos reales y concretos que sustentan sus argumentos.

No podría ser de otra manera, tratándose de una provincia con perfil ultra productivo que se ve amenazada por las políticas públicas nacionales que -en cinco meses- sólo han anunciado para las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de diferir el pago y tramitación del IVA de 30 a 90 días. Todo lo demás han sido ataques vía tarifas, destrucción del mercado interno e ingreso de manufacturas importadas que amenazan a varios sectores productivos santafesinos.

El gobernador Lifschitz sigue el manual del gobernante, que no debe enfrentar abiertamente a la administración con la que obligatoriamente debe relacionarse y solicitarle gestiones que tengan que ver con un mejor porvenir para Santa Fe. En ese sentido, el socialismo viene de un entrenamiento de años vinculado a su manera de relacionarse con el kirchnerismo. Desde la Nación a Hermes Binner y a Antonio Bonfatti, le daban pero siempre se encargaban de "facturar" las buenas noticias para Néstor Kirchner primero y para Cristina Kirchner después. A partir de 2007, Binner estuvo en el radar de Kirchner, quien en ese momento estaba más interesado en la transversalidad que en el pejotismo, para desagrado y protesta constante de los peronistas santafesinos. Pero Bonfatti no logró nunca ser recibido por Cristina, que eligió la distancia antes que meterse en un baile donde intuía que sería demasiado trabajoso. A esta altura hay que mencionar que el socialismo ha perdido hace tiempo la ingenuidad política y puja como todas las fuerzas formales del poder, con sus matices por supuesto.

Pero con el kirchnerismo, si bien hubo momentos de durísima tensión -sobre todo vinculados al narcotráfico y la inseguridad-, había un marco ideológico si se quiere de entendimiento. Una situación que el socialismo prefería diluir para diferenciarse y tener perfil propio. Pero ahora es distinto, el socialismo provincial enfrenta a un gobierno nacional de carácter antipopular que ha mostrado ya sus principales cartas relacionadas a la aplicación de políticas públicas de neto corte neoliberal.

Es evidente que la decisión que mostró Lifschitz para quedarse con la gobernación por sólo 1.500 votos de diferencia con el candidato del PRO se verá otra vez puesta a prueba a la hora de enfrentar la desatención y la puja política con el gobierno nacional.

El gobernador debe atender su relación con la Nación y la propia gestión, pero sin dejar de prestarle atención a la propia interna del socialismo y del Frente Progresista en su conjunto. Cuando Lifschitz mira por el espejo retrovisor de cara al futuro cercano, lo ve de un lado a Bonfatti y del otro a Corral. Ambos con aspiraciones hacia el 2019. Ambos saben también que deberán afrontar una dura campaña para diputados nacionales el año próximo. Sin las recorridas por toda la provincia, será duro si no llegara a la próxima puja por el sillón del Brigadier López con posibilidades reales.

El PRO tiene dos conductores reales en Santa Fe, los dos son diputados provinciales: Federico Angelini y Rodrigo López Molina son los que mueven las aspas del molino político del macrismo. Corral es el radical aliado más prominente, al que se le notan mucho sus aspiraciones y -como extrapartidario de la fuerza presidencial- a veces se ve forzado a exagerar su pertenencia a Cambiemos, perdiendo perfil propio. Pero eso es algo que el radicalismo ya tiene ensayado y a partir de ese mecanismo se cuentan todos estos últimos años de supervivencia política sin resultados electorales deslumbrantes.

A tal punto ha llegado la situación en la provincia que la inseguridad, a pesar de que no ha mejorado sus números y sigue entregando todos los días capítulos violentísimos; ha pasado claramente a un segundo plano de preocupación respecto a la marcha de las industrias y la posibilidad de sostener los niveles de empleo. Incluso los clubes de barrios que habían sido noticia -muchos de ellos- por sus enfrentamientos con bandas narco que no los querían en esos territorios, hoy están en los diarios y en las radios por la situación desesperante que les plantean las tarifas de luz y de gas para seguir cumpliendo con su misión social.

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