SANTA FE › PARA QUE SE PAGUEN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
El diputado provincial del Partido Socialista Rubén Galassi presentó un proyecto de ley para que el Estado santafesino cobre por la provisión de elementos de seguridad cuando la Policía presta el servicio de adicional. La norma vigente tiene casi 50 años y solo establece el cobro a particulares por las horas hombre, sin contemplar la utilización de vehículos, combustibles y otros elementos que son soporte del accionar de las fuerzas de seguridad. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y consiguió la aprobación de todos los bloques parlamentarios.
En tal sentido, el jefe del bloque Socialista en el Frente Progresista, Rubén Galassi, explicó que "el proyecto es muy sencillo y apunta a que el Estado pueda amortizar bienes que pone a disposición de particulares". Para tal fin es que buscan reformar dos artículos de la ley 6.356, del año 1967, que regula los servicios de policía adicional.
Galassi explicó que el texto en análisis no estipula los montos que se deberán abonar por la contratación de un adicional y la utilización del equipamiento correspondiente (vehículos, vallas, animales adiestrados, escudos, cascos, armas, uniformes). Dicho aspecto, de acuerdo a lo previsto en el proyecto de ley, tendrá que resolverlo el Poder Ejecutivo vía reglamentación. "Creemos que el Estado tiene que percibir un dinero por la amortización de recursos que pone a disposición de privados", dijo.
Para graficar la importancia que tiene el proyecto, el diputado socialista agregó: "El promedio diario de patrulleros afectados a hacer servicios adicionales, en el último semestre de 2015, es de 46. Estamos hablando de patrulleros que en la mayoría de los casos asisten a entidades bancarias, entidades que claramente pueden pagar este servicio".
En tanto, con el objetivo de evitar manejos presupuestarios discrecionales, en la media sanción se estableció que lo recaudado para amortizar bienes será depositado en una cuenta especial en el agente financiero de la provincia. La Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad será la encargada de controlar y reinvertir los fondos obtenidos, que solo podrán utilizarse para comprar equipamiento policial: desde vehículos hasta otros soportes e instrumentos.
Según el proyecto de Galassi, cuando el Poder Ejecutivo estime que un evento privado es de relevancia pública y social, puede eximir a un particular del pago del adicional por la provisión de elementos de seguridad, amortización de vehículos y combustibles.
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