Desde Santa Fe.

Durante casi 40 años, el bombardeo a un edificio de tres pisos en Ituzaingó y Las Heras, donde cayó la última cúpula de Montoneros en Santa Fe, en enero de 1977, fue el emblema de la dictadura. El juicio de la megacausa y un fallo histórico del Tribunal Oral -integrado por tres jueces de Rosario- que se conoció el 21 de junio descorrió la venda de la propaganda y la acción psicológica. "Las pruebas echan por tierra la versión de que se habría tratado de un 'enfrentamiento' como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época", dice la sentencia. Esta semana, el plenario de la Cámara Federal de Rosario resolvió en la misma línea: confirmó el procesamiento y prisión preventiva de los nueve represores detenidos por la masacre: dos suboficiales del Ejército, Jorge Alberto Balla y Luis Alfredo Gómez y siete policías del Comando Radioeléctrico: Rodolfo Reible, Carlos Albornoz, José Martellini, Ricardo Brunel, Mario Aquino, Rolando Martínez y Abel Romero y los embargos por 900 mil pesos a cada uno de ellos. En la causa hay otros dos imputados, el coronel Ramón Abel Recio, que está prófugo desde octubre del año pasado y un oficial de Inteligencia de la Policía santafesina que operaba en el D-2 sobre quien pesa una orden de detención que se demora por problemas de salud.

A los nueves presos y al prófugo se los investiga por el "homicidio calificado" de cuatro montoneros que ocupaban un departamento del primero piso: Osvaldo Pascual Ziccardi, Carlos Mario Frigerio, Jorge Piotti y la esposa de éste, Ileana Gómez. La quinta víctima fue una vecina, Elina Jagou de Carlen, que vivía en el departamento de al lado, donde Piotti y Gómez escondieron a sus hijos (el mayor de un año y un bebé de un mes) antes de que ambos salieran a la calle y los acribillaran.

En el juicio por la megacausa, la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe -integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo- llegó a cinco conclusiones que "deben ser analizadas de manera conjunta: 1) El estado de destrucción en que quedó el edificio donde se encontraban las víctimas; 2) Que no se hallaron armas en poder de las mismas; 3) Que no se observaron huellas de disparos en los edificios de en frente al departamento atacado; 4) Que no hubo efectivos policial ni militar herido; 5) Que el primer disparo de algún uniformado apostado fuera del edificio provocó la muerte de una vecina (Carlen) ajena a las personas buscadas".

"Todo ello lleva a concluir -siguió el Tribunal- que el ataque provino -inicial y exclusivamente- de parte de las fuerzas de seguridad y del Ejercito que abrieron fuego por espacio de tres horas contra el departamento y el edificio en general, donde sabían que habitaban las víctimas de esta causa".

Las pruebas "echan por tierra la versión de que el hecho se habría tratado de un 'enfrentamiento' como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época".

"Esta versión 'oficial' ha sido totalmente desvirtuada y desacreditada con la contundencia de las pruebas producidas durante el debate" y se puede "concluir, sin lugar a dudas, que el día 19 de enero de 1977, en horas de la tarde, como consecuencia de un operativo conjunto se provocó la muerte" de Ziccardi, Frigerio, Piotti y Gómez, "a quienes no les dio la oportunidad de rendirse y tampoco tuvieron la posibilidad de resistir debido a la desproporción absoluta de fuerzas", sentenció el Tribunal. Y citó el testimonio de uno de los investigadores del caso, Víctor Salami, quien dijo que el Ejército sabía quiénes vivían en Ituzaingó y Las Heras, que había niños, dicen que se usaron más de 600 proyectiles, sumados a los que disparó el Ejército durante tres horas, todo para abatir a cuatro personas. "Ya iban con la orden de que nadie saliera vivo de ahí?, agregó.

El fallo de la Cámara Federal de Rosario -de esta semana- que confirma el procesamiento de Balla, Gómez y los siete policías está en la misma línea. Las defensas alegaron que se trataba de un "enfrentamiento" y los imputados cumplían "órdenes superiores". Pero la Cámara rechazó el planteo, a la luz de las pruebas. "El derecho no admite la situación de que alguien que cumple una función subalterna (dentro de una escala jerárquica) sea una especie de maquinaria en manos del superior, ya que todo hombre sometido de alguna manera a otro, posee cierto margen de voluntad que es intangible y consecuentemente, de responsabilidad. Es decir, no existe un deber de obediencia ciega o absolutamente pasiva. No puede alegarse obediencia debida cuando la criminalidad de la acción es evidente. Por el contrario, los mandatos sólo son vinculantes cuando no constituyen una orden gravemente antijurídica, como ser actos que lesionen en forma flagrante e indudable la dignidad humana. En definitiva, el agente que obedece cuando la criminalidad del acto resulta evidente es culpable", señaló la Cámara. La resolución la firman cinco jueces de las dos salas, reunidos en plenario: Edgardo Bello, José Toledo, Elida Vidal, Fernando Barbará y Eleonora Pelozzi. Ya son ocho los magistrados -los tres del Tribunal Oral y cinco de la Cámara-, en dos procesos paralelos -el juicio a los autores mediatos y la investigación a los autores materiales- que llegan a la misma conclusión: que la teoría militar del "enfrentamiento" en Ituzaingó y Las Heras ocultó cinco crímenes.