El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, recibieron ayer a querellantes y denunciantes del terrorismo de estado en Santa Fe, a metros del despacho que ocupó durante cuatro año en la Casa Gris ﷓en el primer gobierno de Jorge Obeid﷓ uno de los detenidos en la causa: el ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa. El antecedente no parece menor porque en la audiencia de ayer reclamaron el despido de quién acercó a Correa al elenco oficial y hoy sigue en el gabinete, pero en otro cargo: el teniente coronel (RE) José Bernhardt, ex subsecretario de Seguridad Pública y actual de Emergencia. La acusación fue la misma: haber integrado el Batallón de Inteligencia Militar 601. "Traigan los documentos y los vamos a evaluar", respondió Rosúa.

Rosúa ofreció todas las garantías del Estado a los testimoniantes en los juicios por violaciones a los derechos humanos, pero también se encontró con un petitorio que reclamó una purga de represores en los pliegues y repliegues del Estado y apuntó a la dupla Correa﷓Bernhardt.

El primer pedido al ministro fue que "aparte en forma inmediata de las filas del Poder Ejecutivo a toda persona, que habiendo tenido relación o participación en el proceso militar esté reciclado en la actualidad, como el teniente coronel Bernhard, actual subsecretario de Emergencia, ex de Seguridad Pública que tuvo como asesor categoría "A", al nefasto Nicolás "El Tío" Correa, y que hoy continua gozando de poder, movilidad, dinero y comunicaciones sin ningún tipo de control. La presencia de este personaje (por Bernhardt) que fuera miembro del Batallón de Inteligencia 601, flaco favor le hace a la imagen del gobierno provincial", agrega el texto.

Rosúa confirmó el petitorio, pero dijo desconocer si hay denuncias contra Bernhardt. "Les pedí que me hagan llegar los documentos y los vamos a analizar", afirmó.

Ayer, uno de los querellantes en las causas, el abogado Jorge Pedraza, dijo que "la mejor forma de dar seguridad a los testigos es terminar con los compartimentos estancos en el gobierno provincial, que saque de su gabinete al teniente coronel Bernhardt (que revistó en 1982 en el Batallón 601 Central Nacional de Inteligencia del Ejército y puso al suboficial del Ejército Nicolás Correa, detenido y procesado por crímenes de lesa humanidad, como brazo derecho suyo entre 1995 y 1999, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública que manejó a la Policía", apuntó.

Rosúa insistió con una directiva de Obeid. "Que quede absolutamente claro que el gobernador me encomendó reiterar públicamente la decisión de proteger a todos los que puedan sentirse amenazados por su situación en los juicios. Las fuerzas de seguridad están a disposición de todos los que puedan estar afectados", dijo el ministro.

Sin embargo, Pedraza insistió con la óptica de los querellantes sobre su seguridad para testimoniar ante la justicia. "La búsqueda de un sistema de protección para testigos y querellantes no pasa sólo por colocar custodia policial, sino también en que ciertos personajes que están en el gabinete provincial ya no estén, o al menos se haga una revisión del caso".

Otro punto del petitorio solicitó a Rosúa otra purga de represores en la Policía santafesina y que "actúe de la misma manera con quien expresen actitudes de apoyo o simpatía, con ideologías o formas de pensamientos, a favor del genocidio cometido en nuestro país".

"Hace pocos días ﷓le recordaron al ministro﷓ fue apartado de su cargo un alto oficial, con mando sobre tropa por su pensamiento filo nazi. Y para abundar en más ejemplos se puede mencionar también, que se encuentra en actividad, y con un alto cargo en comunicaciones de la Unidad Regional I, un personaje que formara parte de los servicios de inteligencia, y persiguiera y amenazara a militantes populares en el año 1982", señaló el documento de los querellantes.

"Inclusive, personajes en disponibilidad de la fuerza, como es el caso de Norberto Iván González, que intimidara reiteradamente a la familia de Daniel García, que hoy cuenta con una causa por coacción agravada en el Juzgado de Instrucción 1º de Santa Fe estaría a punto de ser reincorporado a las filas policiales. Por estas razones señor ministro hacemos este pedido, usted sabrá comprender, las dudas que tenemos sobre quienes deben brindarnos seguridad", agregaron. García y su esposa Alba Sánchez ﷓que ayer participaron en la audiencia con Rosúa﷓ denunciaron la existencia de un centro clandestino de detención en Villa California, en las cercanías de San José del Rincón, donde estuvieron secuestrados entre diciembre de 1977 y mediados de 1978.