Desde Santa Fe.

El tiempo de Mauricio Macri y la venia del ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, alentaron al Ejército a volver a operar en el Campo San Pedro, donde hace seis años el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró una fosa común con ocho víctimas del terrorismo de estado, dos de ellas aún sin identificar y se estima que puede haber otras. Lo denunció esta semana el Foro contra la Impunidad y por la Justicia -integrado por organismos de derechos humanos de Santa Fe- que solicitó al juez federal Francisco Miño que rechace la "pretensión" del Ejército, porque si la autoriza, significaría clausurar una causa en la que un testigo directo reveló haber visto dos masacres, la primera de unas 20 personas y otra de una cantidad similar y mencionó que un suboficial del Ejército le dijo que eran "subversivos" que les aplicaban una inyección y los sepultaban "en el bajo". "Señor juez, solicitamos que se retomen las tareas investigativas en ese predio militar", planteó el Foro.

La investigación se inició en 2007 por una denuncia del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y en junio de 2010, el EAAF descubrió una fosa con restos de ocho víctimas de la dictadura -dos de ellas aún sin identificar-, más indicios que permitían deducir que las ejecuciones se habrían producido en el lugar. Era la primera vez en el país que se localizaban "inhumaciones clandestinas en un campo del Ejército" y la primera evidencia de "otra metodología sin precedentes del terrorismo de Estado", como es el exterminio y desaparición de personas en fosas comunes. En setiembre de 2012, el campo fue señalizado como sitio de la memoria.

Ahora, el Ejército quiere volver a utilizarlo para ejercicios de combate. El pedido al juez Miño se hizo por "instrucción" del ministro de Defensa y si bien Martinez no lo firmó, sí lo hicieron el director de Asuntos Humanitarios, coronel Héctor Bianco, la directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Leonor Cisneros y el jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé, teniente coronel Gabriel Senmartin. La excusa es económica. El coronel Bianco dijo que ante la imposibilidad de utilizar San Pedro, las unidades militares de Santo Tomé y Santa Fe "se ven obligadas" a trasladarse hasta Concepción del Uruguay para "la actividad operacional de la fuerza". Y Senmartín dijo que ese traslado les cuesta "alrededor de 800 mil pesos". Una cifra que cuadruplica la exigua partida que la justicia dispuso -hasta ahora- para la búsqueda de las fosas comunes.

El Foro le dijo al juez Miño que liberar la zona significaría "cancelar la preservación del lugar para la búsqueda e identificación de desaparecidos" y le pidió que "se retomen las tareas investigativas" lo antes posible. "Existen suficientes testimonios para pensar que en el Campo San Pedro quedan restos de muchas víctimas, a los cuales hay que rescatar del abandono y el olvido".

Y recordó que el represor Eduardo Costanzo dijo ante la justicia que 27 personas "habrían sido llevadas para su enterramiento al campo en 1977, además de otros dos: los enfermeros Ariel Morandi y Susana Miranda ('Nadia')", lo que "eleva esa cifra a 29 víctimas, por lo que al menos quedarían 21 sin hallar".

"No desconocemos las dificultades" por "lo extenso y complejo del terreno a explorar, pero consideramos que aún quedan lugares sin investigar, que han sido señalados con suficiente precisión como para hacer posible esa tarea y que existen otros testimonios que aún no se han profundizado", dijo el Foro.

"A 40 años de la dictadura que produjo el tremendo saldo de personas desaparecidas, asesinadas y enterradas clandestinamente, levantar la medida cautelar que pesa sobre el Campo San Pedro equivaldría a clausurar definitivamente la posibilidad de realizar exhumaciones en ese terreno". Por lo tanto, solicitó que "se rechace la pretensión del Ejército", se mantenga la "medida cautelar" en el predio y se profundicen "las investigaciones".