En los últimos cuatro meses se duplicaron las denuncias contra personal policial en la Unidad Fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, del Ministerio Público de la Acusación. Su titular, la fiscal Karina Bartocci, adjudicó la suba a que "la gente comenzó a tomar conocimiento de la existencia de una unidad específica" que investiga delitos cometidos por uniformados. En total, la fiscalía tiene en investigación 2.570 causas contra agentes de la fuerza. En su mayoría, son expedientes que involucran a uno o dos policías, pero también hay investigaciones con hasta diez involucrados, como la del motín de abril pasado, en la comisaría 20º. El delito de incumplimiento de deberes está al tope de los motivos de imputación, seguido de cerca por los de lesiones y apremios ilegales. Si bien las penas son bajas, para la mayoría de los delitos, ya hay condenas en juicio abreviado y este año se presentará acusación para el primer juicio oral de la unidad.

Mientras el Gobierno provincial y la Nación discuten los términos de un acuerdo contra la inseguridad, que incluye control y pedidos de depuración en la fuerza, en Rosario y la región crecen las denuncias contra policías: "Tenemos un promedio de 200 por mes; cuando antes eran un poco más de cien. Hace cuatro meses venimos notando esta suba", dijo Bartocci sobre la cantidad de causas que ya investiga la unidad específica, dependiente de la Fiscalía Regional. "Lo atribuimos al conocimiento de la oficina, porque ya algunas denuncias llegan a mi nombre y las personas que se acercan nos dicen directamente que vienen a denunciar violencia institucional o corrupción. Se conoce el concepto de esta fiscalía". Las denuncias las hacen los propios ciudadanos, pero también agentes de la fuerza.

Los casos de corrupción, justamente, son los más denunciados por los propios policías. "Es raro que un ciudadano común denuncie la corrupción, al menos no con datos certeros; quizás con rumores. Normalmente, el denunciante es un agente al que se le dan garantías de reserva de sus datos personales para revelar una situación irregular. La otra vía que toman es denunciar en el 0800 de Asuntos Internos (0800-444-3583), donde lo pueden hacer de manera anónima y gratuita. También nos llegan notas anónimas, que por los datos que aportan advertimos que es de gente de adentro de la fuerza", señaló. Sin embargo, estas causas constituyen "no más de un 10 por ciento" del total de las que investiga la unidad fiscal.

La mayoría de los legajos judiciales tiene que ver con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, con casi el 50 por ciento. La fiscal indicó que ese delito es amplio ya que puede tener que ver con varias irregularidades en el accionar policial y que "puede ir acompañado de otros, como apremios, defraudación, falsedad", entre otros.

En tanto, el 30 por ciento de las investigaciones está relacionado con lesiones y apremios ilegales. Uno de esos expedientes llegará a juicio en poco tiempo. "Es una denuncia que se hizo contra un ex comisario de la seccional 7º, que enero de 2015 golpeó con un palo a un detenido", dijo. Otro de los delitos que creció en los últimos meses tiene que ver con la carga de combustible de los patrulleros. "Cada móvil tiene una tarjeta Visa Flota, y las denuncias tienen que ver con irregularidades en los gastos finales del mes. Muchas de estas cuestiones las está detectando la Secretaría de Control, del Ministerio de Seguridad".

Durante este año, la unidad cerró 37 condenas con pago de multas; 4 juicios abreviados, con penas de entre uno y dos años de prisión condicional, por amenazas a testigos, falsedad, lesiones e incumplimientos.

Por otro lado, la unidad tiene a tres policías presos: dos de ellos son el jefe y subjefe de la comisaría sub 26º, Maximiliano Maldonado y Carlos Morgan; y el otro es Jonathan Puebla, el policía acusado por el homicidio de Roberto Arrieta, en San Lorenzo, que tiene pedido de prisión perpetua.

A la unidad también comenzaron a llegar causas por enriquecimiento ilícito, que estaban en investigación en Asuntos Internos, como es el caso de seis policías implicados en el expediente contra la banda de Los Monos. La fiscal dijo que hay personal que ya está para ser imputado; y atribuyó la llegada de estas causas a que desde que asumió la nueva gestión de Seguridad se amplió el personal de Asuntos Internos y hay un empleado de la Secretaría de Control directamente abocado a estos delitos. "Hay voluntad de empezar a mover estas causas. En el viejo sistema no hay sentencias por enriquecimiento ilícito", dijo Bartocci. Aunque es sabido que se investiga a ex jefes como Cristian Sola y Néstor Arizmendi, que aún no tienen procesamiento.