El socialista Raúl Lamberto, como titular de la Defensoría del Pueblo, le pidió al gobierno de Miguel Lifschitz que le informe sobre la política de regulación que ejerce sobre la caza en el territorio provincial, advertido por las denuncias de ONG ecologistas y de organismos internacionales sobre contaminación ambiental por esa actividad, desequilibrio del ecosistema y hasta sospechas de prostitución infantil en los cotos habilitados.

El ombudsman santafesino requiere saber del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, conducido por José Garibay, "si existe un plan integral provincial que contemple las políticas más progresistas, conservacionistas y sustentables" y "si existe reglamentación que establezca limitaciones a la política de manejo de la caza bajo la modalidad de cotos y el turismo cinegético", como se denomina la caza deportiva controlada. Lamberto debería saberlo: él era diputado provincial del Partido Socialista en 2011, cuando el Ministerio implementó restricciones y cambios en la actitud estatal respecto de esta actividad que prolifera en departamentos del norte, en los bañados arroceros de San Javier, Garay y General Obligado.

Desde hace un lustro, el gobierno estableció temporadas de caza y prohibiciones sobre determinadas especies, como así también límites como el de los 30 cartuchos que debería disparar cada cazador por día. Los ecologistas afirman que nada de eso se cumple, y que el Estado no controla.

Desde 2008 la Wild Conservation Society advierte la contaminación que produce allí el accionar de los cazadores que cada temporada siembran esos bañados con 190 mil kilos de plomo que terminan en el hábitat y el organismo de animales. Por eso, la Secretaría de Medio Ambiente provincial estableció restricciones que apuntaban a reducir el uso de municiones de plomo. Creían que para 2013 estaría erradicado y reemplazado por otros metales como magnesio o zinc, pero no.

Mientras tanto, desde entonces los cotos atraen a turistas europeos y norteamericanos que pagan hasta 500 euros por una excursión para cazar patos silvestres porque en sus países está prohibido.

El planteo de Lamberto agrega que le informen si los cotos "se encuentran registrados y cuentan con aval de esa autoridad de aplicación". Más que eso: San Javier el turismo cinegético hace años que está declarado de interés municipal.