El gobierno provincial, a través de su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters, salieron ayer al cruce del fallo de la Sala 3ª de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Rosario que, haciendo lugar a un pedido de un ciudadano rosarino, "indignado" por la sucesión de robos en el barrio donde reside, instó a las autoridades de la provincia a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Rosúa habló de cierta "liviandad" en la resolución emitida por los jueces, y además cree que en este caso existiría una "intromisión ilegítima" del Poder Judicial en asuntos que son privativos del Poder Ejecutivo. En tanto, Peters sostuvo que en realidad el gobierno está cumpliendo con lo que piden los jueces; es decir, "poner más policías en la calle" para intensificar los patrullajes. La medida dispuesta por la justicia le otorga un plazo de 90 días a la provincia para que realice un informe, donde explique las políticas a seguir, con la finalidad de poder garantizar una mayor seguridad en la ciudad.

Hugo Peralta, con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestitti, cansado de los sucesivos robos y hechos de violencia que vienen sufriendo en cercanías de su vivienda, ubicada en Moreno y Jujuy, en el microcentro rosarino, demandó en mayo del 2005 al gobierno provincial -amparado en la ley 10.000 de intereses difusos- exigiéndole más controles policiales para poder combatir con mayor eficacia la ola de delitos.

La justicia, en primera instancia, y a través de un fallo del juez Jorge Scavone, había respondido favorablemente al pedido efectuado por Peralta, un jubilado de la Universidad Nacional de Rosario, pero la Fiscalía de Estado apeló la resolución, citando diferentes acciones promovidas por el gobierno provincial, que finalmente fue confirmada el pasado jueves por la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

Rosúa, al término de una reunión realizada ayer con diputados provinciales, expresó que "en primer lugar, vamos a leer el fallo detenidamente. Quiero analizar bien junto a nuestros abogados si estamos en presencia de un fallo razonable, o si estamos en presencia de un exceso, que puede llevar a la intromisión del Poder Judicial en esferas privativas del Poder Ejecutivo".

Con relación al pedido de mayores patrullajes, el funcionario indicó que el fallo "me parece una suerte de liviandad, y nos está marcando el desconocimiento de los jueces de los procedimientos. Tenemos un fuerte incremento de los patrullajes en la ciudad de Rosario. Ustedes pueden verlo en la instalación de los corredores seguros para el funcionamiento de los taxis, que no solo trae seguridad a los taxistas, sino a toda la población aledaña a esos lugares".

El ministro de Gobierno agregó en este sentido: "Estamos haciendo los trámites de incorporación de alrededor de 1000 policías, que ya han sido seleccionados, y que en estos momentos están listos para iniciar el curso de instrucción". Claro que en este tema los tiempos no acompañan ya que, según Rosúa, además existe otro problema, que es el de los retiros. "El trámite de un funcionario policial para acogerse a la jubilación le lleva de 15 a 20 días, mientras que el trámite para incorporar un agente nuevo lleva de 7 a 8 meses", precisó el ministro.

En tanto, el subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters, dijo que "el fallo no habla de qué cantidad, qué tipo de patrullajes hay que realizar ni en qué lugar. Y aumentar el número de policías en la calle y realizar más patrullajes es lo que se está haciendo y para eso se incorporaron efectivos y móviles". El funcionario manifestó además que el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Néstor Sagües, María del Carmen Alvarez y Mario Chaumet, está indicando "que el problema de la seguridad no es sólo policial".