El ministro de Gobierno Roberto Rosúa decidió ayer la creación de una mesa de trabajo destinada a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. La medida fue adoptada luego de una reunión que mantuvo con la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia, a la que se sumó un representante del Programa Antimpunidad, y abogadas especialistas en la temática. La Mesa se originó en "la preocupación vertida desde distintos ámbitos frente a hechos concretos, acaecidos recientemente de notoriedad pública, junto a la insuficiencia de normas y procedimientos para combatir este flagelo", argumentaron desde la cartera política. Es que justamente la Comisión puso el eje en el caso de las dos jóvenes santafesinas -Gamarra y Ojeda- quienes denunciaron que habían sido obligadas a prostituírse en Santiago del Estero, aunque finalmente cambiaron su declaración.

Al encuentro con Rosúa -que tuvo lugar el miércoles en la sede local de la Gobernación- asistieron el subsecretario d Seguridad Publica Gustavo Peters, la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia Luisa Donni, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Raúl Lamberto, el diputado Claudio Tibaldo y las diputadas María Rosa Stanoevich, Adriana Cavutto, Lucrecia Aranda y Alicia Gutiérrez, así como el asesor de la Coordinación del Programa Nacional Antimpunidad, Thierry Iplicjián, Graciela Vargas de la organización de Derechos Humanos de la Nación, la doctora Daiana Luvotti, abogada en distintas causas similares las expuestas y la doctora Susana Chiarotti, a cargo del Instituto del Género de Rosario.

La Mesa estará destinada a "contribuir con estudios y aportes, a proponer medidas de prevención del delito de trata de personas y la sanción de sus autores, tanto como de asistencia a sus víctimas".

Igualmente, permitirá "acompañar desde la provincia el proceso de cambios normativos que se impulsa desde el gobierno nacional" en referencia la ley que convirtiera en delito federal la trata de personas que obtuvo media sanción en Senadores.

A cargo de la nueva estructura se designó al abogado Gustavo Rubén Heredia, quien deberá convocar a organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el tema, legisladores preocupados por dicha cuestión, magistrados, colegios profesionales, ámbitos académicos y universitarios y otros organismos del Estado.

En rigor la trata de personas comprende la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas, recurriéndose a la amenaza o al uso de la fuerza para obtener la explotación de la víctima, sea mediante actos sexuales, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre e incluso extracción de órganos.

Con respecto al Ministro recordó que "hay una permanente vocación de actuar de manera coordinada con los tres poderes provinciales y la Nación y sus organismos". Rosúa ofreció que el Ministerio de Gobierno sea un elemento conductor de acciones para trabajar en común la problemática "puesto que afectiva y políticamente estamos involucrados en el combate a este flagelo, y hay otros casos Gamarra y Ojeda, cuyos nombres y apellidos seguramente ignoramos".