Desde Santa Fe

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, respaldó la decisión del abogado santafesino Leandro Corti de hacerse cargo de la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Santa Fe durante la dictadura, en reemplazo del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien fue separado por un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal. En la causa están detenidos y procesados nueve represores, entre ellos el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Marcellini y el ex juez federal Víctor Brusa. "El doctor Corti tiene todos los antecedentes y la solvencia necesaria para tramitar esta causa que es lo que nos interesa, que no haya nuevos entorpecimientos", dijo Pochettino en un diálogo con Rosario/12. Corti fue recusado por la defensa de dos imputados: el experto en Inteligencia Militar, Nicolás Correa -que actuó como número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid- y el comisario retirado Héctor "Pollo" Colombini, pero el conjuez rechazó los planteos y ratificó su voluntad de seguir adelante con el proceso judicial. Así que ahora, la Cámara Federal de Rosario deberá resolver el incidente: ratificar a Corti o designar un nuevo conjuez.

Otra de las cuestiones que deberá resolver el doctor Corti es el planteo de dos defensores que solicitaron la nulidad de todas las resoluciones del juez Rodríguez entre el 5 de abril del año pasado -cuando fue recusado por primera vez- y el 20 de marzo último, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal separó de la causa al magistrado. El penalista Néstor Oroño que defiende a la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aebi y el defensor oficial Juan de Dios Moscoso, que patrocina al coronel Marcellini y a Brusa pidieron la nulidad de todas las decisiones de Rodríguez en aquel lapso por una supuesta falta de imparcialidad del juez. La impugnación apunta al procesamiento de Rolón, las citaciones a prestar declaración indagatoria de los imputados por asociación ilícita y la prórroga de la prisión preventiva para todos los detenidos, entre otros actos.

En los cinco años en que estuvo al frente de la causa, el juez Rodríguez imputó y procesó a tres militares: Rolón, Marcellini y Correa; a cinco policías: Colombini, Aebi, el ex presidente comunal de San José del Rincón, Mario Facino; el ex carcelero de la Guardia de Infantería Reforzada, comisario Juan Calixto Perizzotti y el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos y un civil: el ex juez Brusa.

A fines de marzo, Corti fue sorteado para reemplazar a Rodríguez como conjuez de la causa. Pero el abogado Oscar Velázquez, defensor de Correa y Colombini, lo recusó por considerar que no garantizaba la imparcialidad en la investigación y esgrimió como fundamento que Corti había patrocinado a los organismos de derechos humanos en una causa que se inició -en la justicia ordinaria- después de la catástrofe del río Salado, el 29 de abril de 2003. Sin embargo, Corti rechazó el planteo, así que ahora deberá resolver el incidente la Cámara Federal de Rosario.

"El doctor Corti tiene la solvencia necesaria, tanto por sus antecedentes en la justicia penal como en la docencia, para tramitar esta causa, que es lo que nos interesa, que el proceso avance y no haya nuevos entorpecimientos", dijo el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino. "Así que todas estas recusaciones no son otra cosa que medidas dilatorias para tirar la pelota para adelante", agregó.

Pochettino dijo que la recusación del defensor de Correa y Colombini porque Corti "patrocinó junto a una querellante en la causa otra denuncia -en la justicia ordinaria- por las inundaciones (del 29 de abril) de 2003 no está incurso en lo que dice el artículo 55 del Código Procesal Penal, de ninguna manera. Y la otra es por que lo ligan al padre. Porque el padre de Corti estuvo detenido durante ocho meses durante la época del proceso cuando él era un chico, bueno, creo que es una barbaridad", opinó Pochettino. Y puso otro ejemplo. "Yo digo que en la provincia de Santa Fe, si lo miramos del otro lado, hay una situación muy particular con el juez (federal de Rosario, Germán) Sutter Schneider", cuestionado también porque su padre, el abogado Eduardo Sutter Schneider fue ministro de Educación y Gobierno de la provincia durante la dictadura. "Y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos -explicó Pochettino- tuvimos una postura muy clara en ese sentido, más allá de que tuvimos algunas críticas. Nosotros no condenamos a nadie por portación de apellido, me parece que es una barbaridad".

El funcionario insistió en calificar las recusaciones como "medidas dilatorias. Quiero que quede en claro la postura de la Secretaría de Derechos Humanos que es la postura del gobierno de respaldar al conjuez para que continúe al frente de la causa"

-¿Usted cree que la defensa intentan dilatar la investigación? -se le preguntó.

-Seguro. Ellos piensan que si dilatan la causa se puede favorecer, pero creo que se equivocan, lo único que hacen es molestar el funcionamiento normal de la justicia federal. Y si a eso le agregamos que la justicia ya tiene problemas: la Cámara Nacional de Casación Penal tuvo parado prácticamente un año un incidente anterior por el cual se separó al juez Rodríguez, esto lleva la causa a más largo tiempo. Pero debemos tener en claro que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así que tarde o temprano, nosotros entendemos que más temprano que tarde, el proceso debe continuar con absoluta normalidad.