El gobierno se tomó cinco días para reaccionar ante la muerte de un chico de 17 años que se prendió fuego en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, el viernes último. El gobernador Jorge Obeid firmó ayer el decreto 636 que traspasó el IRAR de la Dirección del Menor en Conflicto con la ley Penal al ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia para "garantizar la seguridad" de los menores detenidos. "Una intervención" ﷓dijo el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa﷓ que desplazó de su cargo a la directora del instituto, Laura Bevilaqua, la misma que 48 horas antes de la tragedia que le costó la vida a Néstor S. le prohibió la entrada a tres legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías movilizados por las denuncias que pesan sobre lo que "ya no es un instituto de rehabilitación, sino una pésima cárcel para menores". Rosúa justificó la medida, ya no en el alerta de los legisladores, sino en el trágico fin del joven. "El hecho de que haya ocurrido una muerte es por sí solo gravísimo y en esos casos es normal el desplazamiento de las autoridades", afirmó el ministro. Poco después, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Cámara Penal de Rosario que inspeccione el IRAR y le concedió un plazo de tres días para informe "sobre el estado de alojamiento de los menores".

Rosúa anunció el "traspaso transitorio" del IRAR a la órbita del Servicio Penitenciario en una audiencia que concedió en su despacho de la Casa Gris a dirigentes gremiales de UPCN Rosario, con quienes analizó la crisis del instituto. "El gobernador ha firmado el decreto de intervención", les dijo a sus visitantes. En realidad, se trata de un cambio de dependencia burocrática del instituto que "tiende a recuperar el orden administrativo y de funcionamiento y garantizar la seguridad física de los menores y de los propios trabajadores".

En el encuentro, también participó el secretario de Gobierno, Walter Gálvez, a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penales, desde que Obeid removió a su titular por otro escándalo. Fuentes de la Casa Gris informaron después que la agenda de la reunión fue más amplia: el pase a planta del personal transitorio, la incorporación de nuevo personal, la situación de ocho becarios y el reordenamiento de la estructura institucional. "Muchos de estos reclamos ya están en vías de solución", aclaró Rosúa.

El ministro y los delegados de UPCN acordaron después que el gremio se integre también a una mesa de trabajo con el gobierno, donde aportará "su conocimiento y experiencia tanto en materia edilicia como en lo referido al tratamiento de los menores".

Más tarde, Rosúa explicó en un diálogo con Radio Dos que la decisión de intervenir el IRAR no obedece a la visita y las críticas que realizaron los diputados de la Comisión de Derechos y Garantias sino a la muerte de un chico quemado en una celda. La medida significó el desplazamiento de la directora del instituto, Laura Bevilaqua, quien la semana pasada impidió el ingreso de los legisladores. "Yo también tengo una opinión bastante dura (sobre el IRAR), hay situaciones muy críticas que nos obligaron a esta tomar esta decisión. El hecho de que haya ocurrido una muerte es por sí solo gravísimo y en esos casos es normal el desplazamiento de las autoridades", dijo el ministro. "La muerte de este joven es la culminación de todo un proceso de desencuentros y enfrentamientos". Por lo tanto, ante esta situación, "hay que restablecer el orden y garantizar la seguridad de los menores y su tratamiento", agregó.

Según Rosúa, el traspaso del IRAR al Servicio Penitenciario "tiende a poner orden y darle satisfacción a algún juez que no tiene donde poner a menores que han cometido delitos graves, como Pelo Duro", aclaró. Una obvia respuesta al juez de Menores, Juan Leandro Artigas, quien ordenó el "arresto domiciliario" de Pelo Duro porque la provincia carece de infraestructura adecuada para alojar y contener a chicos en conflicto con la ley penal. "Estamos sobre un campo minado", llegó a decir Artigas. Sin embargo, el ministro explicó que la irrupción del Servicio Penitencario en el IRAR no implica violar los pactos internacionales. "Lo que dicen los pactos internacionales es que hay que tratar que los menores no tengan restricción a la libertad. Pero hay circunstancias que determinan que el menor tiene que estar detenido. Cuando un menor tiene cuatro homicidios; otro, dos violaciones, robo calificado, hay que tenerlo alojado en un establecimiento especial", dijo. Y agregó: "El IRAR cumplía esa función en gran medida, pero a lo largo del tiempo se fue desnaturalizando. Entonces, ahora hay que restablecer un instituto cerrado para que los jueces puedan alojar a menores que han cometido delitos graves", insistió.

Rosúa evitó polemizar con el juez Artigas, quien afirmó que en Santa Fe "la juventud no le interesa a nadie" y que "un chico como Pelo Duro marcha hacia una muerte segura a los 25 año", pero lo criticó por haberle concedido a Pelo Duro el arresto domiciliario."Me parece un gravísimo error", señaló el ministro.

La crisis en el IRAR impactó también en la justicia. La Corte Suprema de la provincia ordenó a la Cámara Penal de Rosario que inspeccione todos los institutos de su jurisdicción donde se encuentren alojados menores de edad, entre ellos el IRAR. Y fijó un plazo de tres días para que "informe sobre el estado de alojamiento de los menores". Para ello, puso a disposición de los jueces rosarinos los recursos materiales y humanos de que dispone: médicos, ingenieros y asistentes sociales, entre otros.

La Corte adoptó la medida ante una presentación de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y de noticias periodísticas publicadas en las últimas horas. "El tribunal no puede permanecer ajeno respecto de los hechos de dominio público (...) y lo informado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario en cuanto a las condiciones en que se encuentran alojados en el instituto referido un gran número de adolescentes y niños", dice la acordada.